Abusos Urbanísticos justifica el viaje de los europarlamentarios en el aluvión de quejas

La asociación Abusos Urbanísticos No rechazó el aluvión de críticas vertidas por el Consell y los empresarios valencianos a la visita de la Delegación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo a Alicante para inspeccionar el urbanismo de la zona. Para esta entidad pionera en la denuncia de abusos urbanísticos cometidos al amparo de la extinta LRAU el viaje de la delegación de la UE está plenamente justificado para verificar "de primera mano" las miles de quejas de los ciudadanos en materia urbanística. Los dos grupos de la oposición, PSPV y EU, secundaron los argumentos del colectivo.

"No se han solucionado los problemas" ya denunciados, dicen los socialistas

Un comunicado oficial de esta plataforma, surgida en 2004 en la Marina Alta, resalta el derecho de los ciudadanos (españoles y extranjeros) supuestamente perjudicados por iniciativas urbanísticas "a su defensa por las instituciones europeas". El colectivo también rechaza el argumento lanzado desde el Consell de que se está gastando dinero público para el viaje. "Natural que empleen dinero público, tan público como el utilizado por el presidente del Consell, Francisco Camps, cuando pronto se largó a Bruselas para exponer a Herr Poettering, presidente del Parlamento europeo sus lemas de campaña, o el que ha financiado el viaje de la jefa de gabinete de la Consejería de Territorio y Vivienda a Bruselas para tratar de reducir al máximo posible las reuniones de esta delegación con los ciudadanos que denuncian prácticas abusivas", dice el nota.

El colectivo critica el esfuerzo institucional en "desautorizar misiones y declaraciones de gente que sólo trata de ayudar a los ciudadanos europeos, que somos todos, y en esconder o minimizar ante la opinión pública las actuaciones de tantos alcaldes y concejales que actúan a espaldas de sus municipios". "No podemos aceptar", concluye el comunicado, "que la defensa de los derechos humanos y cívicos de los ciudadanos de esta comunidad, el derecho a la propiedad, al medio ambiente, a la calidad de vida, a la salud, al paisaje y tantos otros se califiquen por parte de de quien no está legitimado para hacerlo como intromisión en debate estrictamente electoral".

Por su parte, el eurodiputado valenciano del PSOE Joan Calabuig consideró que el hecho de que una misión del Parlamento Europeo viaje a la Comunidad Valenciana para estudiar quejas urbanísticas demuestra que "no se han solucionado los problemas" ya denunciados por las instituciones comunitarias.

En declaraciones a los periodistas, Calabuig recordó que el Parlamento europeo aprobó en diciembre de 2005 un informe en el que censuraba la antigua Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y recomendaba ajustarla a la legislación europea. "El Parlamento Europeo vuelve a la Comunidad Valenciana un año y pico después, alarmado por el hecho de que no se han arreglado los problemas, y las peticiones y las quejas siguen llegando", dijo.

Mientras, el portavoz del grupo municipal de EU en Torrevieja, José Manuel Martínez, aseguró que la visita de los europarlamentarios, un grupo que defendió como "variopinto", responde a las múltiples demandas recibidas en el Parlamento Europeo de muchos ciudadanos, sobre todo ingleses. Martínez defendió como obligada una visita a la Comunidad Valenciana, "porque es en la que más irregularidades se han hecho gracias a la LRAU y ahora a la LUV". Y Torrevieja es, en su opinión, con 100.000 habitantes y 140.000 viviendas "prototipo de crecimiento insostenible", una "visita obligatoria", un "ejemplo de lo que no hay que hacer", explicó. El edil de EU contextualizó las críticas del PP en que "no le conviene esta visita porque los casos de corrupción urbanística y de imputados se han hecho muy famosos y no quieren ni oír hablar del tema".