Díaz Alperi aplica la sanción mínima a un funcionario por insultos a Zapatero

El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, ha zanjado con una sanción de 15 días de empleo y sueldo -el mínimo que estable la legislación- la iniciativa de un funcionario del Consistorio de incluir en una oposición la frase "zapateroboboetanopacta". El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel de Barros, considera como "insuficiente" la medida e ironiza: "Todo un premio".

El equipo de gobierno, que preside Luis Díaz Alperi, justifica la sanción en la aplicación del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, "como atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración". No obstante, ese reglamento incluye propuestas de sanción que pueden llegar hasta los tres años de suspensión de empleo y sueldo. El portavoz socialista insistió en que el PP ha zanjado el expediente abierto al funcionario por la puerta falsa. "Han fijado lo mínimo, los quince días de suspensión de empleo y sueldo", dijo. "Se trata de una falta muy grave tal y como recoge un artículo sobre violación de la neutralidad política. Alperi se ha limitado a hacer el paripé en un asunto muy serio", añadió el edil socialista.

La frase con referencias contra la dignidad del presidente del Gobierno se introdujo entre las posibles respuestas a una de las 60 preguntas de las que constaba un concurso oposición para cubrir cinco plazas para el cuerpo municipal de bomberos, en marzo del pasado año. Los hechos fueron denunciados por uno de los opositores que alertado por el contenido difamatorio del texto. La pregunta de la oposición era la siguiente: "Cuál de estas sustancias es autorreactiva". Y el abanico de respuestas el siguiente: "Zapatero, bobo; eta no pacta"; "Tetracloretano"; "Azodi"; y "Tetrafluoroetano".

Dirigente del PP

El polémico examen para cubrir las cinco plazas de bomberos lo confeccionó el departamento municipal de Recursos Humanos, presidido por el concejal del ramo, Juan Rodríguez Marín, a su vez, senador y presidente de la Comisión de Garantías de la ejecutiva regional del PP. El tribunal lo integraban, además, un abogado militante de los populares, un representante de la Generalitat Valenciana. Ninguno de los miembros del tribunal puso objeción alguna al contenido de la respuesta.

Al trascender los hechos a la opinión pública, el alcalde se limitó a abrir un expediente al funcionario y desoyó las peticiones de la oposición de destituir al concejal Rodríguez Marín. Díaz Alperi, no obstante, sí dijo sentirse "indignado y avergonzado" por lo que calificó un hecho inadmisible. Entonces, el regidor anunció sanciones para el responsable. Medida, que un año más tarde, se ha quedado en la mencionada suspensión de 15 días de empleo y sueldo.