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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Prostitución sin ley

Ni regulación ni abolición. De momento, el intenso debate que ha enfrentado dos formas de luchar contra la prostitución se ha saldado en tablas, que es lo mismo que decir que las cosas se quedan más o menos como están. Es decir, mal. La comisión Congreso-Senado encargada de debatir sobre la conveniencia o no de regular el ejercicio de la prostitución se limitará a recomendar al Gobierno campañas de sensibilización entre las mujeres vulnerables y extremar la persecución del proxenetismo y la trata de mujeres. Tras escuchar más de cien testimonios, la comisión no se va a decantar por medidas que avancen en ninguna de las dos direcciones en litigio, es decir, ni hacia un modelo de regulación como el vigente en Holanda, ni hacia el abolicionismo implantado en Suecia.

El borrador de la resolución que prepara la comisión considera que la prostitución no es una actividad digna de ser regulada, con lo que las prostitutas seguirán desprotegidas frente a los abusos y no tendrán reconocido ninguno de los derechos sociales asociados a la actividad laboral. Pero tampoco avanza hacia un planteamiento abolicionista, prohibiendo los espacios y actividades que la hacen posible o sancionando a quienes compran servicios sexuales. Si la comisión no se ha atrevido a ir más allá de unas bienintencionadas campañas de sensibilización es porque la sociedad está confusa y dividida, y en este caso, dividida más allá de las habituales líneas ideológicas: dividido está el movimiento feminista y dividido está también el Gobierno llamado a tomar las decisiones, pues socialista era la consejera de Justicia de Cataluña que lanzó la iniciativa de regulación, y socialistas son las voces que con más encono la han combatido.

En realidad, las dos opciones luchan, con la mejor de las intenciones, en contra de esta forma ancestral de explotación de las mujeres. Lo que las diferencia es la forma de llegar al mismo objetivo. La opción reguladora parte del supuesto de que, ante la imposibilidad de terminar a corto plazo con las condiciones de pobreza y desigualdad que nutren la prostitución, la mejor forma de proteger a estas mujeres es regular las condiciones en que ejercen, limitando drásticamente las posibilidades de explotación económica por parte de terceros. La abolicionista considera que regular la prostitución supone, de hecho, aceptar la existencia de un mercado indigno que trafica con el cuerpo de la mujer y por tanto, atenta contra los derechos humanos. Ambas posiciones presentan ventajas e inconvenientes. Es cierto que la regulación puede contribuir a perpetuar la prostitución, pero la abolición, aunque la hace retroceder, tampoco garantiza su extinción pues persiste, como se ha visto en Suecia, una práctica clandestina en condiciones aún peores.

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Parece claro, pues, que la sociedad española no ha madurado una respuesta a un fenómeno que adquiere cada vez una dimensión mayor y más dramática. Pero las contradicciones siguen ahí: por ejemplo, si la prostitución no se considera una actividad digna de ser regulada, ¿debería prohibirse como actividad ilícita? ¿Y debería afectar la prohibición a la publicidad de contactos sexuales, o no? Los medios de comunicación estamos en el centro de un debate que también pone a prueba nuestra capacidad para gestionar las contradicciones del complejo mundo en que vivimos.

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