Un recurso bloquea el caso de tráfico de influencias del alcalde de Torrevieja un año

La investigación judicial abierta por la compra-venta de una finca del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, está bloqueada desde hace un año como consecuencia del litigio sobre la fianza para que los tres grupos de la oposición municipal (PSPV, EU y Los Verdes) puedan ejercer la acusación popular. El Juzgado número 4 de Torrevieja decretó una fianza de 6.000 euros para esas partes en marzo de 2006, medio año después de iniciar las diligencias con la declaración como imputado del regidor de esta localidad alicantina.

Un año más tarde, ese extremo del proceso no está resuelto y, por tanto, tampoco se ha practicado la prueba testifical que proponían los socialistas, y que incluía la declaración del promotor, de la mujer del primer edil y del alcalde de la vecina localidad de Almoradí.

La juez, a propuesta del ministerio fiscal, acordó fijar una fianza de 6.000 euros a los tres grupos que pretendían ejercer la acusación popular en marzo de 2006. El letrado del Grupo Socialista presentó un recurso de reforma ante el propio juzgado, que la magistrada rechazó. A continuación, el PSPV presentó un recurso de apelación a la Audiencia de Alicante. El letrado de esa parte sostiene que tramitó la apelación el pasado noviembre. No obstante, fuentes de la Audiencia de Alicante aseguran que a la sala correspondiente, la sección 7ª con sede en Elche, no ha llegado ningún recurso sobre esa cuestión.

El juzgado instructor, con una nueva titular desde hace 15 días, ha evitado pronunciarse sobre la cuestión a la espera de revisar con "detenimiento" la causa, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El retraso de la resolución final sobre la fianza ha bloqueado la investigación, especialmente en lo que se refiere a la prueba testifical. Hernández Mateo compareció en juzgado como imputado por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información el 28 de octubre de 2005.

El juzgado esta inventigando la millonaria plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó en el espacio de dos años la compra-venta de una finca rústica en el término de Almoradí. El regidor achacó la ganancia al boom urbanístico que se estaba registrando en toda la comarca de la Vega Baja.

A finales de 2005, el letrado del PSPV, que asistió al interrogatorio de Hernández Mateo, en calidad de acusación popular -la juez admitió esa parte sin establecer fianza alguna- presentó un escrito en el que proponía el interrogatorio a 10 testigos, aparte de otra batería de pruebas documentales, entre ellas, certificados del Registro Mercantil de la Propiedad, así como del Registro de Bienes del Ayuntamiento para verificar el patrimonio del alcalde.

Los testigos más destacados que la acusación popular propuso eran el alcalde de Almoradí, Antonio Ángel Hurtado, del PP, el propietario de la mercantil con la que el alcalde formalizó la compra-venta de la finca, la promotora Edén del Mar, y la esposa de Hernández Mateo. El PSPV justificó el interrogatorio al primer edil de Almoradí porque la finca que Hernández Mateo compró en 2000 pertenece al término de esa localidad. Además, el terreno -18 hectáreas de suelo rústico- fue incluido más tarde en un proyecto para levantar una urbanización, que prevé recalificar 19 millones de metros cuadrados.

Pedro Ángel Hernández Mateo, junto a dos concejales de su equipo de gobierno, está además imputado en un segundo sumario por un supuesto delito continuado de prevaricación derivado de pagos ilegales, mediante la fórmula de reconocimiento extraordinario de crédito y sin consignación presupuestaria, por valor de 6,5 millones de euros. El juzgado abrió las diligencias a raíz de una denuncia presentada por el grupo municipal del PSPV.