"El copago debe mantenerse, pero nunca a costa de la vivienda habitual"

El viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra (Bilbao, 1963), asegura que el Gobierno hablará y negociará con las diputaciones y los ayuntamientos todo lo que haga falta para sacar adelante la mejor ley posible de Servicios Sociales. Pero advierte de que las diputaciones sólo tienen competencias de ejecución, ya que la legislación y planificación le corresponde al Gobierno y al Parlamento. Sobre el copago para los servicios de residencia, reconoce que debe mantenerse, aunque reitera que "nunca a costa de la primera vivienda" de los usuarios. Y apostilla que este es un principio "irrenunciable" para su departamento.

Pregunta. ¿El anuncio del Gobierno de regular por ley los servicios sociales supondrá la merma de soberanía de las diputaciones en este terreno?

"Manteniendo la misma presión fiscal, la recaudación sube, por lo que tenemos una ocasión histórica para apuntalar los servicios sociales"

"Las diputaciones no van a perder soberanía, porque sus competencias sólo son de ejecución. La planificación le corresponde al Gobierno"

Respuesta. Por parte de las diputaciones hay un deseo de avanzar hacia un sistema más homogéneo, que ofrezca mayores garantías al ciudadano, que permita transitar de un modelo de beneficencia hacia un modelo en el que haya una garantía de derecho para la ciudadanía. Las diputaciones no van a perder soberanía, porque sus competencias sólo son de ejecución, y en este ámbito la legislación y planificación le corresponde al Gobierno. Estamos terminando de cerrar el ciclo de construcción del Estado de Bienestar. Hace una década se cerraron los sistemas educativos y sanitarios. El entramado actual había garantizado a través de las competencias de ayuntamientos y diputaciones unos servicios, pero ahora se trata de avanzar en los elementos comunes. Aunque después la gestión sea descentralizada.

P. La ausencia de un sistema homogéneo ha propiciado que cada diputación aplique su propia política. Cada territorio ha ido a una velocidad.

R. Hay elementos comunes, y en otros casos cada diputación ha ido resolviendo lo mejor que ha podido la situación. También existe mucha coordinación, pero lo que no hay es un catálogo de prestaciones común para toda la comunidad autónoma. Y tampoco hay un órgano interinstitucional, de modo que las decisiones estratégicas se tomen de mutuo acuerdo. La futura ley es un elemento más en la construcción del sistema público de servicios sociales. Antes los problemas se resolvían en el seno de las familias, pero ahora cada vez están más limitadas. Lo que pretendemos es que la idea de universalidad de los derechos sociales forme parte del cuerpo legal y los ciudadanos perciban una cartera nítida de prestaciones a la cual pueda acceder cualquiera, viva donde viva.

P. Las diputaciones han criticado la fórmula de copago del Gobierno, que rechaza que los usuarios de las residencias tengan que pagar con su vivienda habitual los servicios que les han prestado.

R. El copago es un modelo extendido en Europa y se aplica a las prestaciones más prolongadas en el tiempo, como las residencias de ancianos. Hay diferentes maneras de exigir al ciudadano la contribución, y lo que el Gobierno ha hecho es poner algunas reglas generales. Debe tenerse en cuenta la renta y el patrimonio del usuario, pero también tiene que haber un mínimo exento, y para nosotros debe ser la vivienda habitual. Se trata de un bien de primera necesidad que incluso las políticas fiscales lo desgravan. No tiene mucho sentido que al final de la vida de una persona, cuando hay que pagar la residencia, haya que recurrir a un bien de primera necesidad. Puede haber otro tipo de patrimonios, como segundas viviendas, con los que sí que habrá que afrontar el copago. Defendemos un sistema progresivo en el que quien más tiene más pague.

P. ¿En qué prestaciones se debe centrar el copago?

R. En aquellas que no son propias del sistema de servicios sociales, como alojamiento y manutención, lo que son las residencias. Una residencia ofrece un cuidado especial, te da de comer, tiene servicios de limpieza, de lavandería. Hay una serie de servicios que van con el paquete y que la ciudadanía puede entender que si cada uno está en su casa tendría que pagarlo. Lo que ha quedado en evidencia es que hay modelos diferentes en las diputaciones para abordar esto. La Diputación de Guipúzcoa desarrolla algo muy similar a lo que nosotros proponemos. No hay una disputa entre las diputaciones y el Gobierno. Reconocemos que hay diferentes fórmulas y hay que hacer un esfuerzo entre todos para dar con el mínimo común. La ley va a buscar ese mínimo común.

P. ¿Para el Gobierno es un principio irrenunciable dejar al margen del copago la vivienda habitual o se puede negociar?

R. Sí, es un principio irrenunciable. Partimos de un hecho: el copago debe mantenerse, pero nunca a costa de la vivienda habitual. Lo que hemos percibido es que las diputaciones que no han adoptado esta línea van evolucionando también y vemos decretos forales que pretenden dulcificar esta cuestión a corto plazo. Estamos en permanente diálogo con las diputaciones para alcanzar el mínimo común denominador en cuanto al copago, el catálogo de prestaciones y la creación de un órgano que establezca la estrategia a seguir.

P. ¿Qué es más justo: cubrir las prestaciones con una subida de impuestos o por medio del copago?

R. Los servicios sociales son una fuente de riqueza y se pueden erigir en una fuerza tractora de la economía. Euskadi atraviesa una excelente situación económica y existe madurez institucional y política suficiente como para abordar la ley de Servicios Sociales. Manteniendo la misma presión fiscal, la recaudación crece, por lo que tenemos una ocasión histórica para apuntalar los servicios sociales con ese exceso de recaudación. Ahora lo que hay que hacer es identificar las prestaciones. Entonces sabremos lo que nos va a costar y a partir de ese momento estableceremos los mecanismos más adecuados para afrontarlas. Hay dos vías de financiación: el copago y los excedentes de recaudación. Quizá haya que plantearse en algunos impuestos una revisión del tipo impositivo, pero hoy por hoy lo que hay que definir es adónde vamos. Lo que no le parece bien al departamento es que en un momento en el que se quieren afianzar los servicios sociales se bajen algunos impuestos, como el de sociedades.

P. ¿Y qué papel juega en todo esto la Ley de Dependencia?

R. La Ley de Dependencia se refiere a una parte en concreto de los servicios sociales y ahí establece los mínimos a seguir. La futura ley de Servicios Sociales será la que fije el marco general, siempre respetando lo que para el apartado concreto de la dependencia marque la otra norma. Se puede incluso quedar corta con relación las garantías que va a ofrecer la ley de Servicios Sociales en Euskadi.