Los conservadores quieren acelerar el fallo del 'Estatut'

La recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps y la decisión de éste de mantenerse, contra viento y marea, en el Tribunal Constitucional han dejado lisa y llanamente en manos de los seis magistrados conservadores, frente a los cinco progresistas, el pronunciamiento sobre el recurso del PP contra el Estatuto catalán. Una situación que hasta finales de diciembre no figuraba en el guión, pero que, a tenor de los resultados, fue planificada cuidadosamente y ha pillado desprevenida a la mayoría progresista, desembocando en una crisis como no se conocía desde la sentencia del caso Rumasa.

Mientras la presidenta María Emilia Casas parecía contar con un holgado rechazo a la recusación de Pérez Tremps y un mínimo de siete votos para sacar adelante el Estatuto, tres magistrados conservadores cambiaban su voto y expulsaban a Tremps, dejando al Tribunal con un teórico seis a cinco favorable a las tesis del PP.

Se podría haber evitado si la presidenta, en diciembre, hubiese forzado el rechazo a la recusación de Pérez Tremps en el mismo acto en que fueron rechazadas la que presentó contra ella el PP y la de la Generalitat contra Roberto García-Calvo. Pero María Emilia Casas habría tenido que hacer uso de su voto de calidad, una situación que le habría convertido en blanco de todo tipo de críticas.

Ejecutada la maniobra por el sector conservador -primera de ese calibre en los 27 años de historia del Tribunal-, desde la izquierda al nacionalismo, ni los más seráficos defensores de la imparcialidad de los magistrados imaginan un resultado distinto al del derribo del Estatuto.

Los conservadores, sin embargo, niegan que estén de salida contra el Estatuto. Y justifican su postura a favor de la recusación en que cinco de ellos son de "extracción judicial", cualidad que resulta determinante para la especial sensibilidad hacia la "apariencia de imparcialidad" que tienen los jueces. Recusación que desde luego no prejuzga el resultado final.

Cuestión de tiempo

El Estatuto catalán, en cualquier caso, ha entrado en juego y resolverlo ya es cuestión de tiempo. ¿De cuánto tiempo?

"Nuestro propósito es ver ya algo del Estatuto esta semana y empezar a deliberarlo en exclusiva en marzo. Lo ideal sería tener sentencia para el 31 de mayo, después de las elecciones municipales del día 27, porque el Tribunal no dicta sentencias, y menos de este calado, en periodo electoral", señala un magistrado del sector conservador.

Pero la propia fuente reconoce esa previsión como "optimista". ¿Sería posible acabar a finales de mayo? "Es difícil, teniendo en cuenta lo lento que es el Tribunal. En julio, antes del verano, sería un plazo razonable". ¿Y más allá? "Muy mal tendrían que ir las cosas para que no saliera este año. Sería impensable que fuera más allá del 31 de diciembre".

A preguntas de este periódico, la misma fuente confirmó que antes del Estatut tienen preferencia los dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por Aragón y Castilla-La Mancha contra el de la Comunidad Valenciana. Éstos podrían empezar a deliberarse esta misma semana, además de comenzar con los prolegómenos del Estatuto catalán. "Los de Valencia se resolverán antes, porque sólo afectan al tema hidrológico, al derecho al agua de las cuencas excedentarias. Se pueden hacer antes de mayo", añade.

Desde el sector que ha quedado en minoría siguen lamentando "el mazazo en toda la cabeza" que ha recibido el Tribunal con la expulsión de Tremps y la situación que va a rodear las deliberaciones "en medio de una presión mediática y política tremenda". Fuentes de este sector apuntan que la presidenta habría querido tener concluido el Estatuto antes del final de su mandato, es decir, antes del verano. Pero añaden que la recusación de Tremps, que se ha prolongado durante seis meses, ha fulminado todos los plazos y la decisión final se prolongará mas allá del verano.

Lo único que el sector progresista niega tajantemente es la hipótesis de que la presidenta vaya a utilizar sus facultades de dirigir los asuntos para meter el Estatuto en un cajón hasta mejor oportunidad, o hasta después de las elecciones generales de 2008. Al contrario, señalan, la presidenta previsiblemente incluirá mañana en el orden del día el recurso de súplica presentado por la Generalitat contra la recusación de Tremps. Y es que en el sector progresista del Tribunal temen que cualquier atisbo de ralentización pueda ser sancionado en junio con el asalto a la presidencia por parte del sector conservador.

Esa posibilidad, meramente teórica y calificada de "novela" por los conservadores, no la pierden de vista, en la actual situación, los progresistas de la minoría. El mandato de María Emilia Casas como presidenta concluye en junio, a los tres años de haber accedido al cargo, aunque sus nueve años como magistrada concluyen en diciembre. Aunque hasta la fecha siempre se ha prorrogado a los presidentes hasta el final de su mandato, el Pleno podría reclamar la elección, en votación secreta, del nuevo presidente. Si en tercera votación hubiera empate entre los dos sectores, la presidencia recaería sobre el magistrado más antiguo en el cargo y, a igual antigüedad, en el de mayor edad. Ese perfil coincide con el Vicente Conde Martín de Hijas, el magistrado cuyo cambio de voto decantó la expulsión de Tremps del Pleno del Estatuto.

Recurso de súplica

Prestigioso magistrado procedente del Tribunal Supremo, Conde Martín de Hijas era el llamado a ser presidente después de Manuel Jiménez de Parga. Pero el voto en contra de Roberto García-Calvo y la abstención de Jorge Rodríguez-Zapata, los dos de sus propias filas, dieron insospechadamente la presidencia a María Emilia Casas, en lo que internamente se atribuyó a un ajuste de cuentas por la negativa de Vicente Conde a secundar la impugnación del plan Ibarretxe.

Al margen de las posibilidades reales o teóricas de ese asalto, fuentes del Constitucional aseguran que teniendo los conservadores mayoría en el Pleno, pueden marcar en buena medida el ritmo de las deliberaciones, por lo que ni siquiera sería necesario quitar a Casas de en medio. "Han tocado a rebato y ahora todos están unidos y exultantes", señala otra fuente.

El primer punto de la semana será el recurso de súplica presentado por la Generalitat para que el Pleno eche atrás la recusación de Tremps, o la limite al menos a aquellos artículos relativos a las relaciones exteriores de la Generalitat con la UE, sobre los que el magistrado realizó el estudio por el que fue recusado.

Si la súplica no prospera, la Generalitat recusará al magistrado conservador Jorge Rodríguez-Zapata con el indisimulado propósito de descabalgarle del Pleno y nivelar otra vez la partida, aunque desde posiciones precarias: cinco a cinco con voto de calidad de la presidenta. El motivo alegado contra Rodríguez-Zapata será que éste también realizó un estudio para un organismo dependiente de la Generalitat sobre la Carta Europea de Autonomía Local.