España teme que el pacto franco-alemán en Airbus dañe al sector nacional

El Gobierno y la industria española tienen temor de que el acuerdo del pasado viernes, en la cumbre bilateral celebrada en el castillo de Meseberg (Alemania), entre el presidente francés, Jacques Chirac, y la canciller alemana, Angela Merkel, para apoyar el plan de salvación de Airbus vaya contra los intereses de España.

La empresa fabricante de aviones es el principal activo del consorcio aeronáutico EADS, del que Francia y Alemania son los principales accionistas a partes iguales (22,5%) y España es el tercer socio en discordia (el 5,45%), muy a su pesar. La preocupación de los dos dirigentes es lógica dada la trascendencia que tiene el citado plan, que prevé el recorte de unos 10.000 puestos de trabajo sobre los 58.900 que tiene Airbus, y el cierre de plantas, con especial incidencia en esos dos países y escasa en España, según los iniciales planteamientos de la empresa.

Los dos jefes políticos echaron mano de los eufemismos que se suelen utilizar en estas ocasiones para destacar que el compromiso de respaldo se hará "siempre y cuando el plan respete unos principios básicos como la solidaridad y el equilibrio en los sectores tecnológico y social". También destacaron la importancia que la industria aeronáutica tiene para ambos países. Pero no hubo ninguna concreción del plan. Y ni palabra de España, pese a las promesas dadas al jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las diversas ocasiones en que éste les ha planteado, por separado y juntos, la intención de aumentar la presencia española tanto en el capital como en la carga de trabajo.

España, que siempre ha hecho bien los deberes en este sector, había dado un gran paso adelante cuando se decidió recientemente que en el futuro avión A-350 se utilizase fibra de carbono, en cuya tecnología es puntera. Eso concede a la industria española la posibilidad de elevar la participación en la fabricación del aparato hasta más del 11%, frente a la media actual del 7,5%, y tener presencia en las alas además de en el alerón de cola. Así se lo aseguró a los sindicatos españoles el copresidente y máximo responsable de Airbus, Louis Gallois, el pasado diciembre. No es que sea un alza espectacular, pero es un triunfo que, además, permite garantizar que la amenaza de cierre de plantas no va a afectar a España. "La situación, no obstante, hay que revisarla, tanto por tecnología como por capacidad de compra como clientes, nuestra participación debe superar el 15%; pero en lugar de regirse por parámetros empresariales, el reparto es político", dice una fuente del sector.

Pero, ahora, cuando todo parecía arreglado, otra vez la crisis de Airbus entra a galope en la plaza pública. Es muy probable que la solución se conozca en el consejo de administración -en realidad, prolongación del consejo suspendido el pasado día 20 por falta de acuerdo- que se celebrará mañana por videoconferencia. El máximo órgano de administración de EADS lo forman 11 personas, de las que cinco corresponden a Francia, otras cinco a Alemania y una a España, que está representada por el ex ministro socialista Juan Manuel Eguiagaray.

Según dijo Chirac el viernes, es "la empresa la que debe decidir y la que debe asumir la responsabilidad de lo que decida". Sin embargo, ni franceses ni alemanes han logrado ponerse de acuerdo en el consejo para aprobar el plan después de más de medio año con la nave a la deriva. Precisamente, esa falta de consenso ha obligado a tomar cartas en el asunto a los dirigentes políticos, cuyas prescripciones, más allá de los mensajes de "solidaridad y equilibrio", pueden ser concluyentes.

La primacía y el reparto del ajuste han centrado las discusiones entre las dos potencias. Pero París, en plena campaña electoral, no quiere ni oír hablar de despidos, y Berlín trata de que la repercusión sea lo menor posible y sacar tajada vía más carga de trabajo. Por ejemplo, Alemania ha reclamado mayor presencia en aviones pequeños o medianos, de un pasillo, mientras Francia se quedaría con los grandes. En cuanto al cierre de plantas, según varias fuentes, se estudia la externalización en algunos casos, es decir, el traspaso a terceros fabricantes que ahora trabajan como subcontratas, y evitar así los despidos.

De ahí, que tanto se apelase al equilibrio en el castillo de Meseberg. Por tener equilibrio, lo tienen hasta en el número de trabajadores, unos 21.500 en cada país, mientras en España cuenta con 3.100 y Reino Unido con 13.000.

Las soluciones que buscan Francia y Alemania pueden ser a costa de España. Ante la voz de alarma, el Gobierno español ha advertido de que no está dispuesto a aceptar decisiones traumáticas que puedan llevar a mayores recortes de los previstos, a reducir su futura participación en la fabricación del A-350 o, incluso, a que se desviase trabajo de algunas divisiones como la de aviones militares, MTAD.

Fuentes políticas aseguran que no hay que ser tan alarmistas y rechazan de plano aquella posibilidad. "No se puede romper un acuerdo de Estado así como así, eso no encaja en los planteamientos del plan", sostienen. Estas fuentes tranquilizan sobre la probabilidad de cierre de alguna planta española. "No hay nada contemplado", aseguran, aunque alguna, como Puerto Real, podría ser objeto de la citada externalización.