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CARTAS AL DIRECTOR

¿Vuelve la Inquisición?

Sant Pere de Ribes, Barcelona

Con la sentencia del Tribunal Constitucional, que avala el despido de los profesores de religión que no observen las normas de la materia que imparten, creo que se han sobrepasado muchos límites y se ha cometido, bajo mi punto de vista, una injusticia mayúscula, precisamente por el órgano que debe velar por los derechos constitucionales de todos los españoles.

Según la sentencia, que señala, entre otras cosas, que los docentes deben destacar "por el testimonio de vida cristiana", estos profesores quedan a expensas del obispado de turno, quien decidirá su futuro en base a unas condiciones, normas y reglas que nada tienen que ver con el Estatuto de los Trabajadores, y por lo tanto serán discriminados, al ser vigilados bajo el prisma de una religión que puede no ser la suya. ¿O es que, por ejemplo, todos los profesores de Medio Ambiente tienen que ser ecologistas practicantes y no pueden tener coche porque contamina, salvo amenaza de despido?

A partir de ahora, los 16.000 enseñantes de religión no podrán usar preservativos, ni dejar de bautizar a sus hijos, ni podrán abortar, ni divorciarse y hasta tal vez deban ir a misa una vez a la semana y comulgar, so pena de ser despedidos de sus trabajos. ¿Es todo esto constitucional?

En España tenemos objetores de conciencia varios: los farmacéuticos que no quieren vender preservativos, los médicos que no quieren practicar abortos y, a pesar de incumplir sus obligaciones y su código deontológico, nadie los sanciona. Los curas se niegan a bautizar a hijos de divorciados o separados y casi nadie protesta, pero ¿podemos imaginar que entre un cura a comprar a una tienda y el tendero no le sirva porque es ateo y no le cae bien?

La primera profesora despedida (una mujer, en una Iglesia que las discrimina y las ignora) paga sus impuestos, con los cuales el Gobierno subvenciona una parte del pecunio que recibe la Iglesia católica y sólo la católica, y además paga el sueldo que ella recibe, pero la decisión sobre la idoneidad de su puesto de trabajo lo decide el obispado. ¿Sería posible que a los médicos o abogados que también los paga la Administración su despido lo decidiera el Colegio de Médicos o el de Abogados, y así con todos los profesionales?

Flaco favor le hace el TC a la sociedad a la que debe amparar y defender si da cobertura de ley a una religión de las muchas que hay, cuando nuestro texto constitucional dice claramente que España es un Estado laico. Dejar a un trabajador en la calle porque su forma de vivir en lo privado no respeta las normas de la materia religiosa que imparte, habrá que respetarla como todas, pero es inconstitucional para los seres humanos y para la sociedad democrática en la que vivimos, además de un insulto a la justicia y a la inteligencia, a menos que hayamos vuelto a la Inquisición, lo cual sería tenebroso y preocupante, pero más si es avalado y defendido por el TC, que debería ser el garante de nuestros derechos, sea cual fuere nuestra preferencia religiosa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de febrero de 2007