El Supremo de Canadá invalida la ley antiterrorista por inconstitucional

El tribunal acepta los recursos de tres acusados de ser de Al Qaeda

Agencias

Ottawa - 24 feb 2007 - 00:00CET

El Tribunal Supremo de Canadá invalidó ayer la ley antiterrorista que permite a las autoridades canadienses detener indefinidamente sin proceso alguno a cualquier extranjero sospechoso de terrorismo basándose en pruebas secretas. El alto tribunal emitió un fallo unánime en el que considera incompatible esa legislación con la Carta de Derechos y Libertades de la nación, y da un año al Gobierno y al Parlamento para modificarla.

Los llamados "certificados de seguridad" -la ley recibe el nombre de Programa de Certificado de Seguridad- permiten la detención y expulsión a sus países de origen a los extranjeros o residentes que no tengan la ciudadanía canadiense y que sean considerados por las autoridades una amenaza para la seguridad de Canadá. Además, el acusado y sus abogados no tienen acceso a los detalles del proceso. Los elementos de prueba son proporcionados sólo al juez de la causa, informa France Presse. Con su sentencia, el Tribunal Supremo se pronunciaba sobre los recursos formulados por tres personas: el argelino Mohamed Harkat, el marroquí Adil Charkaui y el sirio Hassan Almrei, sospechosos de formar parte de una célula durmiente de la organización terrorista Al Qaeda o de estar vinculados a ella.

Dos de ellos, Harkat y Charkaui, estuvieron varios años en prisión y fueron puestos en libertad condicional con la obligación de llevar un brazalete electrónico para tener constancia de sus movimientos.

El tercero, Hassan Almrei, aún permanece en prisión. Su abogada, Barbara Jackman, alabó la decisión del Tribunal Supremo y comentó: "Yo creo que no se compromete la seguridad de un país permitiendo un proceso judicial equitativo".

Los certificados de seguridad se rigen por la ley de inmigración y existen desde hace 30 años, aunque cobraron actualidad tras los atentados del 11-S en EE UU. Los abogados de los tres recurrentes y las organizaciones defensoras de los derechos humanos hicieron valer que esos certificados eran inaceptables, y el Tribunal Supremo les ha dado la razón al considerar que atentan contra los derechos de la persona.

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