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Un juez remite al Supremo una denuncia por estafa contra un diputado del PP

El juzgado número 1 de Melilla ha elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que da cuenta de la existencia de indicios de supuestos delitos de prevaricación, estafa, infidelidad en la custodia de documentos y delito contra las garantías constitucionales por parte del diputado nacional del PP Antonio Gutiérrez Molina, por el presunto intento de ocultar una negligencia médica cuando ocupaba el cargo de subdirector del Insalud de Melilla.

Los hechos, denunciados en mayo de 2005, se remontan a 18 años atrás, al 16 de mayo de 1986, cuando falleció la hija de siete meses de edad del denunciante José Girón Fernández, y éste presentó una reclamación administrativa contra el Insalud por un defectuoso funcionamiento del servicio de urgencias.

Según el texto de la exposición razonada, Gutiérrez Molina, a la sazón subdirector provincial del Insalud, manifestó en los años siguientes al padre de la niña fallecida que el procedimiento seguía su curso cuando, según un informe emitido por el Insalud, no existió expediente alguno en relación con la denuncia. Sin embargo, Gutiérrez Molina llegó incluso a decir a Girón que la reclamación se había resuelto positivamente, y como la indemnización supuestamente fijada no llegaba, en 1998 libró tres cheques nominativos a favor de Girón por importe de más de 27 millones de pesetas. En los cheques figuraba otra firma que Gutiérrez dijo que era de un funcionario del Insalud que garantizaba el pago.

Remisión al Supremo

Para entonces, Gutiérrez Molina era ya diputado nacional del PP, pero el pago no llegaba. Frente a las gestiones del denunciante, Gutiérrez le hizo entrega de cartas en sobres oficiales del Congreso, dirigidas al secretario o al juez de lo Social de Melilla y a un empleado de una sucursal bancaria, supuestamente para que procedieran a formalizar el pago de las cantidades. Los talones no pudieron ser finalmente cobrados y Gutiérrez libró otros por el equivalente de unos 162.000 euros.

Por fin, en marzo de 2004 Gutiérrez comunicó a Girón y a su abogado que no habría pago alguno, ya que un mes antes había tenido conocimiento de la desestimación de la reclamación administrativa. Aunque manifestó su compromiso de asumir personalmente dicho pago, el padre de la niña fallecida presentó la denuncia.

Según el juez instructor número 1 de Melilla, "existen sobrados indicios" de una actuación manifiestamente irregular del diputado del PP, que podría haber incurrido en delito de prevaricación o de infidelidad en la custodia de documentos en relación con la reclamación administrativa, y de estafa por el engaño en que mantuvo al denunciante durante 18 años. Dado que Gutiérrez Molina está aforado, el juez ha remitido las actuaciones al Tribunal Supremo, para que sea éste el que, en su caso, prosiga las indagaciones tras recabar autorización de las Cortes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de febrero de 2007