El fiscal se querella contra cinco cargos del Gobierno de Murcia y el alcalde de Águilas

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, se ha querellado por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y falsificación de documentos oficiales contra cinco altos cargos del Gobierno regional de Murcia; el alcalde de Águilas, Juan Ramírez; y el ex concejal José López, todos del PP. El fiscal les acusa de dar el visto bueno a la construcción de 4.000 viviendas, un hotel y un campo de golf en la finca de La Zerrichera, en zona protegida por la Unión Europea y cerca del mar, pese a que había informes técnicos y jurídicos desfavorables. Con la recalificación, el constructor Trinitario Casanova, amigo personal de consejero de Obras Públicas, ganó 75 millones de euros.

La denuncia partió de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), Ecologistas en Acción y el PSOE. Tras meses de investigación, la querella del fiscal se dirige contra los directores generales del Gobierno de Murcia (PP) Antonio Alvarado, de Calidad Ambiental, y Manuel Alfonso Guerrero Zamora, de Vivienda; una ex directora general del Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector de Vivienda, José María Ródenas; el jefe de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert; el alcalde de Águilas, Juan Ramírez (PP); y el ex concejal José López.

Fuentes de la fiscalía aseguran que el número de acusados podría ampliarse en el juzgado de Lorca, que llevará el caso, y podrían alcanzar a algún consejero, como el de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, amigo del empresario que compró los terrenos, Trinitario Casanova. Bascuñana aprobó en última instancia la reclasificación de la zona protegida. Además, el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués encargó varios informes ambientales que, según la fiscalía, se hicieron pasar como favorables a la reclasificación del paraje, pero cuyos autores han desmentido que apoyaran la urbanización. En la zona viven varias parejas de águilas perdiceras y un centenar de tortugas moras.

El fiscal se ha decidido a presentar la querella tras tomar declaración a decenas de funcionarios, directores generales y políticos en los últimos meses, como el alcalde de Águilas, Juan Ramírez, quien declaró como acusado, y altos cargos de las consejerías de Industria y Medio Ambiente y de Obras Públicas. El que más expectación generó fue el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, quien en octubre de 2005 firmó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto a pesar de que existía un informe desfavorable del ex director del Medio Natural Carlos Brugarolas.

El informe contrario era de 31 de agosto de 2004 y provocó la paralización del proyecto en el ayuntamiento. Más de un año después, la declaración favorable de impacto ambiental reactivó el proyecto. La DIA se aprobó con el visto bueno de la dirección de Calidad Ambiental, pero con la oposición de la de Medio Natural, ya que los servicios jurídicos de la consejería atribuyeron la competencia al departamento dirigido por Alvarado un día antes de que se firmase el documento.

La persona que relevó a Brugarolas al frente de Medio Natural, Encarna Muñoz, firmó en 2005 el informe en el que se desprotegía la zona basándose en una "corrección cartográfica" por entender que existían zonas "muy degradadas" y envió a Bruselas la petición para desproteger parte de la sierra de la Almenara, donde está La Zerrichera.

En febrero de 2006, el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero, dio el visto bueno definitivo a la reclasificación. Tras este trámite, el Grupo Inversor Hispania, de Trinitario Casanova, vendió el suelo y obtuvo unas plusvalías de unos 75 millones sin poner un solo ladrillo. Los actuales propietarios son la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa), Riofisa (participada por Caixa de Cataluña), la empresa C-15 y el Grupo Lar. El proyecto está paralizado desde que en abril saltó el escándalo.