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El Gobierno de Aznar planeó la misión policial a Guantánamo a espaldas de su propia Embajada

El embajador español en Washington, Javier Rupérez, alertó por telegrama al Ministerio de Asuntos Exteriores que la segunda misión policial española a la cárcel norteamericana de Guantánamo, prevista para el 21 de junio de 2002, suponía riesgos por las "especiales condiciones de detención y ambigüedad sobre la cuestión del estatuto jurídico" de los detenidos y recomendó la presencia de un funcionario diplomático, lo que finalmente ocurrió. Fue esta intervención la que intentó dar cobertura diplomática a una misión tramitada al margen de la representación española en Washington y que, pese a la cobertura, cumplió sus objetivos iniciales.

El diplomático censuró en su telegrama la peculiar manera de gestionar la visita por parte de la Dirección de la Policía

Rupérez recordó "las especiales condiciones de detención y ambigüedad sobre la cuestión del estatuto jurídico"

Hamed fue entregado a España, la Audiencia le condenó y el Supremo le absolvió

La cobertura diplomática no cambió el objetivo, sacar información a 13 detenidos en la base

El embajador en Washington alertó al Ministerio de Exteriores sobre el riesgo legal de la operación en la base militar

Todo comenzó en marzo de 2002. Una misión española compuesta por un policía, un agente del entonces Centro Superior para la Información de la Defensa (CESID) y un diplomático de la Embajada en Washington se trasladaron a la base de Guantánamo para verificar las condiciones de detención de Abderrahman Ahmed, español nacido en Ceuta, y Reswan Adbul Salam, original de Marruecos y residente en España, cuyo nombre real es Lahcen Ikassrim.

Tras esta misión, la Embajada española en Washington informó a Exteriores en Madrid sobre la situación de ambos detenidos en Afganistán, antes de ser trasladados a Guantánamo. Las entrevistas se grabaron en video y una copia fue entregada a las autoridades de EE UU. La Embajada sugería: "Parece conveniente que, a la vista informaciones en poder de Interior y CESID, se considere conveniencia de efectuar nueva visita y adoptar con único detenido español medidas oportunas".

Por tanto, la actuación estaba delimitada: se trataba del único detenido español, esto es, Abderrahman Ahmed, en relación con una investigación sobre la célula española de Al Qaeda a cargo del juez Baltasar Garzón.

En aquella época, se avizoraba la posibilidad de que Ahmed, en situación de indefensión jurídica total en la cárcel de Guantánamo, fuera entregado bajo ciertas condiciones a España, habida cuenta de cierta movilización contra su situación. Con todo, la segunda visita, que según la Embajada española en Washington debía servir para "adoptar con el único detenido español las medidas que se estimen oportunas", es impulsada desde Madrid con fines completamente diferentes. La Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, solicita a la embajada de EE UU en Madrid un nuevo viaje a la base. La Embajada española en Washington no es informada. Pero la Embajada norteamericana da cuenta al Departamento de Estado.

¿Qué estaba ocurriendo? El secretario de Estado, Colin Powell, incitaba a los gobiernos para que enviaran misiones a Guantánamo para compartir la información que pudiera salir. Era una forma de coordinar la lucha contra el terrorismo. Una especie de joint venture. Powell intentaba moderar los aspectos más escandalosos de la política de la Administración de Bush en materia de violación de derechos. Si los gobiernos aprovechaban la información procedente de Guantánamo, ¿cómo iban a denunciar de manera sistemática la existencia de ese limbo jurídico, esa tierra de nadie?

"El esfuerzo de Powell por lograr la cooperación de la mayor cantidad de gobiernos fue notable", explicó en una conversación con este periódico Scott Horton, presidente de la Comisión de Derecho Internacional de la Asociación Americana de Abogados. "Cuantos más gobiernos pudieran obtener datos de los detenidos, la complicidad sería mayor. ¿Qué credibilidad tendrían sus críticas?", apuntó.

El hecho es que el 16 de abril de 2002, el Departamento de Estado, tras conocer por la Embajada de Madrid la segunda misión española, se puso en contacto con la Embajada en Washington para poner en conocimiento que la policía española había gestionado una nueva visita, con el apoyo del FBI.

Al día siguiente, 17 de abril, el embajador Rupérez envió a Asuntos Exteriores un telegrama. Daba cuenta de la sorpresa y recomendaba un cambio: "Departamento de Estado informó a esta Embajada ayer tarde que Dirección General Policía había tramitado a través de Embajada Americana en Madrid solicitud para que dos funcionarios Ministerio Interior (Inspector Jefe Rafael Gómez Menor y Oficial Policía Francisco Javier Almeida Luengo) viajaran a Guantánamo a interrogar detenidos con relación con España. Departamento de Estado, que añadió que esta solicitud contaba con apoyo FBI americano, quería confirmar que esta Embajada conocía gestión preguntando si dichos funcionarios componían totalidad delegación española deseaba trasladarse a Guantánamo.

Dejando aparte particularidad gestión, considero que especiales condiciones detención y ambigüedad cuestión estatuto jurídico hacen conveniente presencia de funcionario diplomático, bien de esta Embajada o de ese Ministerio, al frente delegación española. Por ello, ruego que ponga en conocimiento otras instancias y cuerpos de Seguridad del Estado eventualidad nuevo contacto con detenidos en Guantánamo y me indique componentes delegación debe viajar a dicha base americana, para continuar trámites pertinentes con Departamento de Estado".

La embajada, por tanto, pretendía dar una cobertura diplomática a la segunda misión. Se había gestado al margen de dicha representación y su objetivo excedía al "único detenido español".

La misión, integrada por los dos policías citados y un representante de la Embajada española en Washington, tomó declaración, entre el 21 y el 26 de junio de 2002, a 13 detenidos, entre ellos al español Ahmed y al marroquí Ikassrim, en lo que en la jerga jurídica anglosajona se conoce como una fishing expedition (búsqueda de indicios para utilizar contra potenciales acusados o sospechosos). Esta misión carecía, tratándose de Guantánamo, de autorización judicial.

En su informe a Exteriores, la embajada en Washington confirma la verdadera naturaleza de la misión: "Dado que la delegación española aún tenía tiempo, se optó por entrevistar a otros detenidos que por su nacionalidad pudieran ser de interés para investigaciones judiciales abiertas en España". Y concluía: "Resulta posible que, a la vista declaraciones L. Ikassrim, uno de los interrogados, juez Garzón encargado instrucción se interese por interrogarle personalmente o bien inicie trámites su traslado a España. Por lo visto no parece difícil que americanos accedan a ello. Sería conveniente evaluar necesidad presionar a autoridades de EE UU para conseguir deportación nacional español detenido en Guantánamo al mismo tiempo que el anterior".

Los policías regresaron a Madrid y prestaron declaración ante el juez Garzón. El juez, que según ha declarado no tuvo conocimiento previo, les solicitó que realizaran un informe a la Audiencia.

"El problema es saber si estas personas interrogadas por los españoles fueron torturadas por norteamericanos en relación con las declaraciones que prestaron. Las torturas son una práctica normal, como todo el mundo sabe, en Guantánamo", señaló Scott Horton.

En enero de 2003, entre los días 20 y 24 de dicho mes, una tercera visita a Guantánamo reunió está vez a un funcionario de la Embajada española en Washington, el agregado de Interior (policía) en dicha Embajada y un analista del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), enviado desde Madrid.

El 29 de diciembre de 2003, el juez Garzón solicita la extradición de cuatro presos en Guantánamo, entre los cuales se encuentra Abderrahman Ahmed. Pero el Departamento de Estado ya está perfilando un programa de entregas.

Finalmente, el 11 de febrero de 2004, Powell anuncia que un detenido en Guantánamo sería "el primero de un número de entregas que tendrá lugar en el futuro cercano". Añadió: "Han habido críticas dirigidas contra nuestros métodos pero puedo asegurar que hemos manejado esto de acuerdo a la ley internacional y con nuestro principal interés, protegiendo no sólo a los Estados Unidos contra futuros ataques terroristas, sino también al mundo contra futuros ataques terroristas por parte de estos individuos". Powell explicó la decisión "como resultado de muchas conversaciones con el Gobierno español y buena cooperación con España... Y sé que el Gobierno español está también ansioso por interrogarle y adoptar medidas adicionales apropiadas según la ley española".

El 13 de febrero de 2004, Ahmed fue entregado a España y el juez Garzón le hizo ingresar en prisión. Condenado por la Audiencia, fue más tarde puesto en libertad por una sentencia del Supremo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de febrero de 2007