Demanda a la baja

Pese a los esfuerzos de la Junta por presentar los resultados del referéndum del Estatuto de Andalucía a la luz de la arrolladora victoria del sí (87,45%) frente al no (9,48%), el dato político realmente significativo del escrutinio del pasado domingo fue la baja participación (el 36,28%) de los seis millones largos de ciudadanos convocados a las urnas. Esa mareante bolsa abstencionista del 63,72% no tiene paternidad conocida; las cuatro fuerzas políticas con representación parlamentaria habían recomendado oficialmente a sus clientelas el ejercicio del derecho al sufragio: PSOE, PP e IU, a favor, y el Partido Andalucista (PA), en contra, del Estatuto. En cualquier caso, las investigaciones poselectorales permitirán comparar con exactitud la participación refrendataria en cada colegio, barrio o ayuntamiento con los resultados de los comicios legislativos, autonómicos y municipales: si la abstención registrada supera a la media andaluza y además existe un partido tradicionalmente dominante en el distrito estudiado, existirá la posibilidad de relacionar con éxito las dos variables.

Según las primeras informaciones periodísticas, buena parte de las circunscripciones controladas por el PP ofrecen porcentajes de participación inferiores a la media. Además, es altamente probable que una cuota indeterminada de los 206.000 votos depositados en contra del Estatuto procediera de la derecha y de la izquierda: el PA quedó en las elecciones de 2004 tres puntos por debajo del no registrado el domingo. Las ambiguas y cambiantes relaciones mantenidas por los dirigentes populares con el Estatuto de Andalucía a lo largo de su tramitación desconcertaron sin duda a sus electores: no les debió resultar fácil pasar de los trinos patrioteros al estilo de La venganza de Don Mendo recitados por Mariano Rajoy durante la etapa de dura pugna con el PSOE al amable costumbrismo sainetero de los hermanos Álvarez Quintero cultivado por Javier Arenas en la fase de entendimiento con los socialistas.

En mayo de 2006, el PP se pronunció agresivamente contra la propuesta estatutaria aprobada por el Parlamento andaluz y contra su posterior toma en consideración por el Congreso; el exorcismo de Andalucía como realidad nacional -mencionada en el Preámbulo- fue elevado a la condición de conjuro diabólico. Pero los amargos recuerdos del referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica de Andalucía de 28 de febrero de 1980, cuyo sabotaje por UCD y AP regaló al PSOE la hegemonía territorial durante más de cinco lustros y le abrió en 1982 las puertas del Gobierno, hicieron recapacitar al PP sobre la conveniencia de subirse al tranvía estatutario en la última estación. En noviembre de 2006, los populares pactaron con los socialistas a toda prisa en el Congreso -a cambio de algunos zurcidos retóricos y otras cláusulas superfluas- el texto del Estatuto sometido a referéndum: hasta la realidad nacional (meses antes un "abracadabra" que causaba "la estupefacción más absoluta" a los propios andaluces, según Rajoy) encontró un feliz encaje en el acuerdo.

Pero el desconcierto y la frialdad de los votantes del PP ante los contradictorios mensajes de sus dirigentes no explican por si sola la crecida abstención del domingo, sólo superada por el 72% del referéndum gallego de 1980. Dada la gran influencia del PSOE en la política andaluza (los socialistas sacaron casi veinte puntos de ventaja a los populares en las elecciones de 2004), la responsabilidad que les corresponde en la baja participación es proporcional a su fuerza. Por lo demás, la coexistencia entre las instituciones de la democracia representativa -como el Parlamento- y los instrumentos de la democracia directa -como el referéndum- siempre resulta difícil y peligrosa: las cautelas de la Constitución de 1978 respecto a las consultas refrendatarias descansan sobre la polaridad de los términos de los dilemas y la imposibilidad de armonizarlos mediante la negociación. En cualquier caso, las dos experiencias refrendatarias de ámbito estatutario realizadas en esta legislatura (Cataluña y Andalucía) han puesto de manifiesto la distancia existente entre las expectativas suscitadas desde el lado de la oferta autonómica, creadas por el Gobierno y por las elites políticas locales, y las respuestas dadas desde el lado de la demanda territorial, a través del mensaje enviado a través de las urnas por los votantes.