Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
El problema de la vivienda

La vivienda social cae 28 puntos en relación con el año 1995, cuando el PP llegó al Consell

Los visados expedidos para pisos protegidos apenas supusieron en 2005 el 8% del total

El encarecimiento de la vivienda libre en los últimos años no se ha visto compensado con una oferta asequible de viviendas de protección oficial (VPO), sino todo lo contrario. En comparación con 1995, año en el que el Partido Popular accedió al gobierno de la Generalitat, la construcción de VPO ha sufrido un retroceso paulatino con una caída global de 28 puntos. Según datos del Ministerio de la Vivienda, en 2005 el número de visados expedidos para viviendas protegidas fue de 8.044, una cifra que apenas representa un 8% frente a 92% de viviendas de renta libre.

El desinterés del Consell a la hora de habilitar suelo para viviendas financiadas mientras que potencia empresas mixtas para urbanizar miles de kilómetros bajo la excusa de dedicar parte del futuro parque inmobiliario a pisos protegidos, aunque en realidad son de renta libre, es una de las críticas que han reiterado los socialistas.

En una coyuntura definida por el alto coste de las viviendas a causa, según los constructores, de la escasez y del encarecimiento del suelo así como la progresiva subida del crédito inmobiliario, los promotores han apostado por la promoción de viviendas libres debido, entre otros motivos, a la escasa rentabilidad de las VPO. Así, mientras en 2000 el esfuerzo familiar para adquirir una vivienda suponía el 32% de su renta, ahora ya supera el 50%. El portavoz de Territorio y Vivienda del PSPV, Adolf Sanmartín, señala que esta coyuntura del mercado inmobiliario priva ya a muchos sectores sociales de una vivienda digna.

Según se desprende de los datos del Ministerio de Vivienda, el descenso vertiginoso de las viviendas protegidas se inició en 1997. Ese año, la Generalitat redujo en 11 puntos sobre el anterior el porcentaje de VPO proyectadas. Durante el mismo ejercicio, los colegios de aparejadores y arquitectos de Alicante, Valencia y Castellón visaron 13.271 proyectos de viviendas protegidas, un volumen que entonces representaba el 38% del total. A partir de aquí, las previsiones para construir este tipo de viviendas entraron en caída libre hasta registrarse un 7% en 2004 con la ejecución de 6.955 viviendas sociales frente a las 91.221 del mercado libre. Así, mientras en 2001 comenzó un aumento imparable en la ejecución de vivienda libre

[62.119 casas en 2001; 70.396, en 2002 y 91.015 en 2003] se iniciaba una tendencia a la baja de las casas subvencionadas [12.252 VPO en 2001; 9.211, en 2002; y 9.082 en 2003]. Estas cifras representan porcentajes de viviendas sociales del 16%, 11%, 9% y 7%.

Si bien es cierto que, bajo el gobierno del PP, el número de VPO en términos absolutos ha sido casi siempre superior a la cifra de este tipo de viviendas ejecutadas durante los años anteriores a 1995, el auge del mercado inmobiliario todavía no había despegado. En el primer lustro de la década de los noventa, la producción anual de viviendas apenas supera las 26.000 unidades. A partir de 1995, se empiezan a registrar cifras superiores a las 50.000 unidades hasta alcanzar casi las 83.000 en 2000.

La tendencia decreciente iniciada en 1997 se rompió levemente en 2005, si bien la diferencia entre las viviendas de renta libre y las protegidas continuaba siendo abismal (92.160 libres por 8.044 protegidas). Mientras el parque inmobiliario de nueva planta supera las 70.000 unidades, las protegidas no han seguido un incremento parejo sino una disminución progresiva.

Para el PSPV, la desidia del Ejecutivo valenciano en este apartado queda corroborada por el mediocre grado de cumplimiento de objetivos financiados en el programa 2005 del Programa Estatal de Vivienda 2005-2008. "El Consell ha claudicado y renunciado ya en el tema de la vivienda protegida. No existe voluntad política ni tan sólo por cumplir los objetivos pactados con el Ministerio de Vivienda", apunta el dirigente socialista.

Con esta iniciativa, de la que se podrán beneficiar 720.000 familias, el Gobierno ha concedido en todo el territorio estatal préstamos por importe de 3.326,1 millones a los promotores y compradores de viviendas. Así, en el 2005, el Ministerio de Vivienda financió 165.588 casas, incluidos en convenios suscritos con comunidades autónomas. Sin embargo, la valenciana es la última en lista del grado de cumplimiento de este acuerdo, con una ejecución de 64,82%. De esta forma, según Sanmartín, "la Comunidad Valenciana no podrá hacer uso de la reserva de eficacia por haber incumplido los objetivos conveniados" [4.000 nuevas ayudas sólo en vivienda protegida de nueva construcción y ayudas a propietarios e inquilinos].

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de febrero de 2007