Gondomar construyó un millar de pisos en cinco años

Gondomar ha crecido de forma espectacular en la última década. Según el líder del grupo independiente Move Gondomar, Núñez Sestelo, su cercanía a Vigo y los precios más baratos que las limítrofes Baiona y Nigrán han impulsado la construcción de alrededor de 1.000 viviendas en los últimos cinco años. Núñez Sestelo lidera un grupo de tres concejales escindidos del PSOE.

Los promotores inmobiliarios convienen en que es la cercanía a Vigo la que ha auspiciado el crecimiento de Gondomar, y no el polémico Plan General ahora en boca de todos. Más bien achacan este bum inmobiliario a otros planes generales, o esa al menos es la opinión del promotor Carlos Costas: "En Vigo no hay Plan, en Nigrán, más o menos lo mismo, así que Gondomar se beneficia de eso para atraer a los compradores".

Gondomar está a poco más de veinte minutos de distancia de Vigo, y a menos de diez de Baiona y Nigrán. Por eso, aunque no tiene mar, es un ayuntamiento atractivo aunque sea sólo como localidad dormitorio. Todas las fuentes inmobiliarias consultadas estiman que el metro cuadrado construido en Gondomar oscila entre los 2.000 y los 2.300 euros. "Al menos, a día de hoy", aclara la propietaria de una agencia. Este precio puede parecer elevado para una localidad del interior, pero comparado con los casi 3.600 euros que llega a costar el metro cuadrado en Nigrán podría explicar el auge inmobiliario en Gondomar.

Bajos lóbregos

El portavoz local del BNG, Antonio Araúxo, está convencido, sin embargo, de que los precios en Gondomar se han disparado en los últimos cuatro años a causa de las sucesivas crisis del Plan General: "El metro construido cuesta más de 2.000 euros, pero los bajos comerciales lóbregos se están pagando entre 2.400 y 3.000 euros". No tiene dudas en calificar estos precios de "disparate". Araúxo no se atreve a calcular el número de viviendas construidas, pero sí aporta un dato: "En el BNG estimamos que sólo el 15% de lo construido está ocupado". ¿Y qué pasa con el resto? Pues, según él, "se usa para invertir, blanquear, lo que sea, pero no para vivir". "Me basta ver los edificios situados frente al mío: en uno, de 124 viviendas, no hay más de 35 inquilinos".

Por eso insiste en que el delito de cohecho imputado a los dos concejales populares está relacionado con el Plan General de 2007, y no con las ya famosas 300 licencias otorgadas arbitrariamente con el anterior, anulado en 2001: "Creemos que, si hubo pagos, fueron para recalificar terrenos".