Los dos ediles del PP de Gondomar tenían concertado cobrar otros 150.000 euros

La dirección de los populares exige a ambos concejales que entreguen sus actas

Los dos concejales del PP en Gondomar (Pontevedra) y el arquitecto que fueron detenidos el pasado miércoles cuando se disponían a cobrar una comisión de casi 60.000 euros habían concertado el pago de otros 150.000. Los ediles habían exigido el pago de la mordida a cambio de incluir convenios para actuaciones urbanísticas en el Plan General del municipio, que entonces estaba tramitándose. El PP decidió ayer marcar distancias y abrir expediente disciplinario al único de los detenidos que milita en sus filas. Además, ha emplazado a ambos concejales a entregar sus actas.

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Los dos concejales del PP en Gondomar (Pontevedra) que fueron detenidos el pasado miércoles, junto a un arquitecto, cuando se disponían a cobrar una comisión de casi 60.000 euros, habían concertado el pago de otros 150.000 en dos plazos sucesivos. Los ediles habían exigido el pago de la mordida a cambio de aumentar la edificabilidad de una parcela adquirida en el municipio por una empresa inmobiliaria. La dirección del PP gallego, que en un principio había descartado medidas contra los ediles, rectificó ayer y les exigió que renuncien a sus puestos en la corporación local.

El primer teniente de alcalde de Gondomar (municipio turístico de 13.000 habitantes lindante con Vigo) y responsable del área de urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, y el concejal de Cultura y portavoz del equipo de gobierno, José Luis Mosquera Veleiro, junto al arquitecto Francisco Javier de Borja Ramilo Méndez, fueron denunciados por el empleado de una empresa para la que gestionaba suelo y licencias urbanísticas.

La operación se gestó hace meses, cuando la inmobiliaria acudió al Ayuntamiento de Gondomar para proponer un convenio urbanístico que le permitiese aumentar la edificabilidad de una parcela. Según fuentes próximas a la investigación, la firma contactó, a través del arquitecto Ramilo Méndez, que actuaba como intermediario, con el concejal de Cultura, Mosquera Veleiro, quien exigió el pago de una cantidad próxima a 300.000 euros para introducir el convenio en el Plan Geneal, que se encontraba en fase de trámite. El edil Mosquera, según las fuentes consultadas, se comprometía a implicar en la operación al concejal de urbanismo.

Un empleado de la empresa pidió a sus superiores que le concedieran plenos poderes para negociar la operación y denunciar a los responsables municipales. La denuncia llegó hasta la Fiscalía de Vigo el pasado 27 de noviembre. Al día siguiente, las diligencias se trasladaron al juzgado, y la Guardia Civil puso en marcha la operación.

Escuchas telefónicas

A través de intervenciones telefónicas y la constatación de otras pruebas documentales presentadas por el denunciante, la Guardia Civil siguió la pista a los detenidos el miércoles. Para no levantar sospechas, el primer pago de sobornos se concertó para el pasado miércoles por la tarde en la cafetería del hostal Galicia, en pleno centro de Vigo. La juez Eugenia Manzanares, a petición del fiscal del caso, Juan Carlos Aladro, había firmado previamente las órdenes de detención incomunicada para que la Guardia Civil los arrestase al término de la cita.

Agentes del instituto armado prepararon un dispositivo para controlar la entrega de dinero. La reunión estuvo a punto de frustrarse porque Mosquera Veleiro era reacio a acudir en persona. Finalmente, accedió y se presentó con su novia, Belén Fernández. Las fuentes consultadas indicaron que la mujer, aunque estaba al corriente de los pagos, no intervino directamente en la trama.

Después de constatar que los cerca de 60.000 euros que se habían acordado como pago "pasaban a las manos del concejal", ambos fueron detenidos. La Guardia Civil arrestó después en sus domicilios al concejal de urbanismo, Gómez Garrido, y al arquitecto que actuó de intermediario. Los tres, además, habían concertado otras dos entregas de dinero que se iban a realizar en los próximos días, una de 60.000 euros y otra de 90.000.

En un comunicado hecho público ayer, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, recordó que "todos los imputados siguen gozando de la presunción de inocencia que ampara a cualquier ciudadano". Los cuatro detenidos se encuentran en libertad con cargos, acusados de tres delitos de cohecho.

El jueves, los principales dirigentes populares consideraban injustificada la detención de los concejales. Ayer, el PP marcó distancias y abrió expediente disciplinario al único de los detenidos que milita en sus filas, y emplazó a los dos a entregar sus actas de concejal. La fiscalía, sobre cuyas intenciones sembró dudas el PP, replicó que le es "absolutamente indiferente" la ideología de los imputados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 16 de febrero de 2007.

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