Adigsa tiene 448 viviendas vacías de las que 84 están ocupadas de modo irregular

El Gobierno catalán tiene un parque público de 21.849 viviendas. De ellas, 448 están vacías, aunque desocupadas -es decir, sin nadie dentro- hay un total de 855 si se incluyen las 407 que ya han sido adjudicadas pero que no pueden ser habitadas porque falta algún requisito importante, como acabar las obras o, en ocasiones, de menor fuste: el teléfono de emergencias del ascensor. De las 448 viviendas vacías, 84 están ocupadas de forma irregular, y lo que es más grave: esta cifra está creciendo desde 2004 dada la lentitud para desalojar a los ocupantes.

El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, no quiere que todas las viviendas públicas estén ocupadas. Entiende que el Gobierno catalán, que en este ámbito trabaja en estrecha colaboración con los municipios, debe reservarse una cifra mínima de viviendas ("sobre un 1% del parque", dijo Baltasar) para emergencias. Es decir, para poder alojar de hoy para hoy un grupo de vecinos afectados por una explosión de gas, por una inundación u otro tipo de incidente. Esto significa tener constantemente vacías unas 200 viviendas en toda Cataluña.

Pero hay más del doble: 448. Los motivos por los que estas viviendas están vacías son de diversa índole. Se trata, en todos los casos, de pisos que ya han sido habitados en algún momento y que vuelven a entrar en el circuito de adjudicación una vez el antiguo beneficiario de la vivienda, por los motivos que sea, ha decidido dejarla. Cuando esto ocurre, el piso vuelve a entrar en el proceso de adjudicación. La media de tiempo que transcurre entre que un piso se vacía y entra otro inquilino es de tres a cuatro meses.

Convenios municipales

De los pisos vacíos, el bloque principal es el que se halla pendiente de la firma de los convenios correspondientes con los ayuntamientos. Son 169 viviendas las que se encuentran en esta situación. Este convenio es imprescindible porque son los municipios los que establecen los criterios últimos para tener derecho a una de estas casas. En la última semana el Departamento ha firmado varios convenios con ayuntamientos; entre otros, con Montcada, Santa Coloma de Gramenet y Granollers, según un portavoz oficial.

El segundo bloque en importancia es el formado por 153 piso más para los que se ha iniciado ya el proceso de adjudicación. Los futuros inquilinos pueden estar dentro de ellos en cosa de semanas, teniendo en cuenta que se trata de viviendas que ya estaban construidas y, por lo tanto, no han necesitado el alta nueva de agua, luz y gas. La tramitación de estos servicios dilata a veces la entrada de los beneficiarios de una vivienda, pero esto se produce sobre todo con vivienda nueva, cuyo proceso de adjudicación se hace a veces, cuando la obra está iniciada, de modo que el inquilino sabe qué piso le ha correspondido pero debe esperar al final de la obras en una situación relativamente similar a la de quien compra sobre plano.

El tercer bloque de pisos vacíos es el que más preocupa al Departamento. Son 84 viviendas formalmente vacías pero, en realidad, ocupadas por personas que no han pasado por el trámite de adjudicación o que, si lo han hecho, no han resultado beneficiados en el concurso público. En la mayoría de los casos se trata de familias que, al enterarse de que un piso público había quedado vacío, se han instalado en él sin encomendarse a nadie.

Hay varios de estos casos en los tribunales e, incluso, hay dictadas órdenes de desahucio, pero pasar luego a la práctica es bastante difícil.

El Ejecutivo catalán exige, para acceder a la vivienda, determinados requisitos y los municipios establecen luego otros para los casos particulares y las promociones. Entre los requisitos generales figura, dentro del apartado 1.C., vivir en una vivienda inadecuada. El propio Ejecutivo define como "inadecuada" la vivienda que tenga menos de 40 metros cuadrados. Sin embargo, algunas promociones incluyen pisos de menores dimensiones. En Les Comes, Igualada, se hacen varios de 37 metros. Un portavoz del Departamento aseguró que se trata de pisos "de tránsito" para personas jóvenes que pretendan independizarse, para mayores de 65 años y para víctimas de violencia doméstica.