Guipúzcoa aplaza debatir la ampliación de los peajes hasta después de las elecciones

Las Juntas Generales de Guipúzcoa dejaron ayer encima de la mesa el debate sobre el cobro de un peaje o canon en su red principal de carreteras. La discusión se ventiló en apenas dos horas. En este breve lapso, los partidos eludieron abordar si se aplica una tasa por circular en la N-I, la A-15 (la autovía de Navarra) o la GI-632 (Beasain-Durango), como se plantea en un informe técnico. Por expreso deseo del PNV y EA, los dos partidos que gobiernan la Diputación, este espinoso asunto no volverá a tratarse hasta después de las elecciones forales de mayo.

El debate se suscita después de que el diputado general, Joxe Joan González de Txabarri, avanzase en septiembre pasado durante su discurso de política general su deseo de cobrar al transporte pesado internacional por utilizar las carreteras de la provincia. Un mes más tarde, el diputado del ramo, Javier Zurriarain, dejó en manos de las Juntas la decisión final sobre la necesidad de extender los peajes a la red principal de carreteras. Esta medida, que actualmente sólo se aplica en la autopistas A-8 y AP-1 (entre Eibar y Mondragón), podría extenderse a la N-I a su paso por el alto de Etxegarate, a la A-15 (la autovía de Navarra), el corredor Beasain-Durango (en construcción) y la N-121-A (la carretera Irún-Pamplona por Endarlatsa) por tratarse de "ejes transeuropeos".

El Gobierno foral que dirigen PNV y EA ha abierto la discusión amparándose en el proceso de tarificación impulsado por Bruselas, que obligará a cobrar una tasa "a todos los camiones" a partir de 2012 basándose en el principio de "quien usa y contamina, paga". La UE también deja la puerta abierta a implantar peajes para los turismos en las carreteras transeuropeas. Un estudio encargado por la Diputación, dado a conocer en octubre pasado tras varios meses de retraso, aboga por "implicar a los millones de vehículos pesados y ligeros extranjeros que atraviesan Guipúzcoa en la sistema de financiación de las carreteras".

Todos los partidos estaban citados ayer en la Cámara provincial para iniciar la discusión sobre este asunto. Lo despacharon en dos horas y se quedó encima de la mesa tras un par de intervenciones de cada grupo político. Ya no volverá a tratarse hasta que se celebren las elecciones forales y municipales del 27 de mayo. Fue el portavoz del PNV en la Comisión de Infraestructuras, Patxi Agirre, quien propuso aplazar todo el debate hasta la próxima legislatura para evitar que la discusión esté "marcada por el contexto electoral". A su juicio, la determinación de ampliar los peajes requiere "un análisis, sosegado, serio y profundo" que debe posponerse hasta el siguiente mandato.

Ninguno de los partidos restantes opuso resistencia, pese a que la única representante de Aralar, Rebeka Ubera, emplazó al resto de representantes a "hablar claro" a los ciudadanos y hacer público si están a favor o en contra de extender los peajes a la N-I o la A-15.

Iñaki Galdos, portavoz de EA, en la misma línea que sus socios de gobierno, manifestó que "no es el momento de tomar decisiones". Éstas deberán adoptarse, precisó, cuando esté totalmente ejecutadas la AP-1, la Beasain-Durango y los terceros carriles de la A-8, esto es, nunca antes de 2010.

El socialista Miguel Buen afirmó que el cobro de un "canon social" por la utilización de las carreteras de alta capacidad "no es ningún despropósito", pues permite, entre otros beneficios, destinar recursos para políticas sociales y el mantenimiento de la red viaria. Sin hacerlo explíticamente, Buen se inclinó por aprobar nuevos peajes, pero "con descuentos para los usuarios guipuzcoanos".

El PP fue el más crítico con el Gobierno foral, al que acusó de "empezar la casa por el tejado" al encargar un estudio que "está claramente orientado a poner más peajes", en palabras de su juntero Iñigo Manrique Añadió que el modelo que propone la Diputación dejaría a Guipúzcoa "sin una alternativa válida para circular gratuitamente" por la provincia.

Elías Maestro, de Ezkera Batua, apostó por estableber "un peaje duro" para el transporte internacional y un canon social para los conductores guipuzcoanos. En todo caso, defendió que el dinero recaudado sólo sirva para mantener las carreteras y en ningún caso para construir nuevas vías. También propuso peajes blandos en horarios nocturnos y penalizar a los vehículos particulares con un sólo pasajero.

Ubera se opuso a cobrar en la N-I y la A-15, y se decantó por aplicar en la A-8 y AP-1 el sistema actualmente vigente en Austria o Suiza, donde por medio de una viñeta anual (en estos países cuesta 72 y 27 euros, respectivamente) se pueden utilizar las autopistas. La portavoz de Aralar acusó al PNV de querer extender los peajes porque "a más peajes, más ingresos para la empresa privada que los gestiona". Y, por último, hizo un llamamiento a que "el nuevo sistema de tarificación no se convierta en un negocio".