Denunciados dos jueces por persecución del gallego

Dos jueces de A Coruña acaban de ser denunciados ante el Consejo General del Poder Judicial por conculcar el derecho de cualquiera persona a emplear el gallego en sus relaciones con la justicia. Las denuncias parten de dos representantes de la CIG que en distintos procesos ocurridos en el último mes fueron recriminados o incluso denunciados por hablar en su idioma natal.

La legislación en vigor reconoce el derecho a cualquiera de las partes en un proceso judicial a utilizar el gallego. Jueces, magistrados y demás funcionarios de la Administración judicial no tienen ninguna obligación de conocer siquiera el idioma vernáculo, pero sí la de facilitar, mediante traductores, que cualquiera de las partes pueda utilizarlo o recibir las notificaciones en su lengua. "Pero hoy en día es más fácil casar en gallego en Las Vegas que en Galicia, porque aquí los jueces se pueden negar", censuró ayer el presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón. Hay inclusos casos de parejas que tuvieron que contar con un traductor durante la formalización de su matrimonio.

"Me tienen harto con el tema del gallego. ¿Y los derechos de los que hablamos castellano?", espetó Manuel García Carballo, magistrado del Juzgado de lo Social número 3 de A Coruña, durante una vista oral celebrada el pasado 24 de enero. El enfado ocurrió durante la comparecencia, como testigo, del secretario comarcal de la CIG, Paulo Carril. Éste se amparó en su derecho a que se habilitase un traductor cuando le pidieron si podía declarar en castellano dado que una de las abogadas del proceso no entendía el gallego. El juez aceptó y habilitó a un traductor, pero no sin antes dejar claro su hartazgo, según la versión de Carril. "Y si quiere me denuncia que ya sabe usted el camino que tiene que seguir", concluyó el magistrado, de acuerdo con el relato del sindicalista.

Este caso está ya denunciado ante el órgano de gobierno de los jueces. El otro ocurrió en circunstancias distintas pero tiene igualmente que ver con el derecho legal a utilizar el idioma gallego ante la justicia. De hecho, comenzó con la queja escrita del secretario comarcal de la Federación de Ensino de la CIG, Eduardo Álvarez, por conculcarse su derecho a recibir notificación judicial en gallego y también por "el uso ilegal de la forma oficial del topónimo de la ciudad de A Coruña".

La respuesta del juez decano, Antonio Fraga Mandián, consistió en rechazar la obligación de traducir al gallego las notificaciones, pese a ser un derecho reconocido en el artículo 7.2 de la Lei de Normalización Lingüística. Y achacó a "un error tipográfico" el empleo del topónimo castellano de la capital provincial.

Álvarez criticó la respuesta a su queja en unas declaraciones ante los medios de comunicación, lo que enfureció al juez. Antonio Fraga presentó una denuncia por injurias contra el sindicalista. Y éste último formalizó su queja ante el Consejo del Poder Judicial.

Tanto para la CIG como para la Mesa, ambos casos demuestran que algunos órganos de A Coruña no respetan ni siquiera "las migajas" sobre el uso del gallego en el ámbito judicial que establece el ordenamiento jurídico. Los propios programas informáticos discriminan el gallego, aseguró Callón, dado que "por sistema introducen el topónimo no oficial".