La juez ordena el derribo del muro del centro comercial Gran Plaza

La juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería), Estefanía López, ha ordenado el derribo del muro construido a espaldas del centro comercial Gran Plaza por General de Galerías, SA, participada por el empresario Tomás Olivo, imputado en la operación Malaya por un presunto delito de cohecho. El muro fue alzado con el consentimiento del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, gobernado por Gabriel Amat (PP), dentro del terreno de Francisco Martín Sierra (72 años), el agricultor que denunció dicha construcción. Es la tercera vez que un juzgado ordena el derribo de la construcción.

La juez obliga a la demolición del muro en el plazo de un mes después de que, hace 43 meses, General de Galerías Comerciales SA y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar fueran condenados por la Sección Segunda de la Audiencia de Almería a demoler el muro que suprimió el vial que separaba ambos terrenos. Los demandados hicieron caso omiso. Tampoco prosperó el auto de ejecución dictado por otro juez cinco meses después a la sentencia. Ahora la providencia de la juez Estefanía López ordena su derribo con la advertencia de que, de no hacerlo, se nombrará un perito tasador que lo hará con costa a los demandados.

La juea ordena restituir la situación al estado en que se encontraba el día 5 de febrero de 2002, fecha en la que se le notificó la orden de paralización de obras.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar rehusó pronunciarse ayer sobre la orden judicial de la que, al parecer, no tenía conocimiento.

Por su parte, la asociación Manos Limpias por la Urbanismo de Roquetas, que denunció que el centro comercial tiene cuatro veces más superficie construida que la autorizada en el planeamiento, acusó al Ayuntamiento de defender al empresario. "El Consistorio de Roquetas ha acaparado las actuaciones ilegales de Tomás Olivo que, en este caso, ha supuesto el atropello descarado de la propiedad de un agricultor que, como David, ha tenido que luchar contra Goliat representado por los intereses especulativos de Tomás Olivo y la connivencia del Ayuntamiento y los intereses lucrativos del alcalde de Roquetas en el caso Gran Plaza que hemos denunciado en otras ocasiones con multitud de detalles y pruebas documentales", dijo Francisco Hurtado, portavoz de Manos Limpias.

Hurtado pidió, además, que sea el alcalde quien sufrague los gastos judiciales que tenga que afrontar el Consistorio. "Exigimos que el alcalde asuma sus responsabilidades políticas en este proceso judicial, animando a los partidos de oposición en el Consistorio roquetero a que se las exijan públicamente. Además, creemos que la asunción de responsabilidades pasa en este caso porque el alcalde asuma el coste económico que ha representado la defensa jurídica mantenida por el Ayuntamiento defendiendo las tesis de Tomás Olivo, ya que creemos que no se sostiene por decencia democrática que el alcalde utilice fondos públicos para defender a sus amigos de sus tropelías e intentar, de camino, tapar el trato de favor del que ha sido fruto Tomás Olivo, al que ha beneficiado con cantidades millonarias. De nuevo Gabriel Amat utiliza el PGOU y el urbanismo en Roquetas para beneficiar a amigos y familiares", remachó Hurtado.