La fiscalía aprecia delito en 30 casos investigados en la Hacienda de Irún

La Fiscalía de la Audiencia de Guipúzcoa ha encontrado indicios delictivos en 30 de los casi 300 expedientes investigados por los pagos de deudas fiscales realizados en la delegación de Hacienda en Irún y cuyos ingresos no constaron como tales en las arcas forales. La cuantía del presunto fraude fiscal podría alcanzar el millón de euros. La apertura de un juicio penal puede decidirse en breve.

El Ministerio Público comenzó a mediados del pasado mes de septiembre a investigar las posibles irregularidades descubiertas en la sucursal de Hacienda en Irún. El fiscal abrió diligencias a partir de la documentación facilitada por la propia Diputación guipuzcoana. Fue el Servicio de Intervención y Auditoría de la Hacienda foral el que descubrió diversas anomalías contables en al menos una docena de expedientes correspondientes al año 2003.

Los hechos se referían a entregas en metálico en la oficina de la Hacienda de la ciudad fronteriza para pagar deudas tributarias, pero que no figuran ingresadas en las cuentas de la Hacienda foral.

Las averiguaciones realizadas por la Fiscalía han permitido concluir que se podría iniciar una causa penal en el caso de 30 expedientes, mientras que en otros 263 se han descubierto irregularidades administrativas, según publicó ayer El Diario Vasco.

Casi 6.000 casos elegidos

El diputado para la Fiscalidad y las Finanzas, Juan José Mujika, aseguró a mediados de enero pasado en una comparecencia en las Juntas Generales que la Diputación había remitido a la fiscalía un total de 228 expedientes, de los que cerca de un 10% presentaban irregularidades y podrían suponer la comisión de un ilícito penal.

El Gobierno foral seleccionó 5.954 casos de toda Guipúzcoa que tuvieron alguna liquidación dada de baja por prescripción e insolvencia entre 2001 y 2004. En concreto, fueron investigados todos aquellos expedientes con importe de baja superior a 3.000 euros que habían pasado por la oficina de Irún. El importe de los pagos realizados sin que conste su ingreso en Hacienda ascendería hasta ahora a cerca de un millón de euros. Las cantidades que la Diputación dejó de ingresar oscilaron entre 25.000 y 30.000 euros por cada uno de los 30 expedientes.

EB, el PP y Aralar han exigido que se investiguen todos los expedientes en los que intervinieron el entonces director de Hacienda y actual senador del PNV Víctor Bravo, y su hermano y ex responsable de la oficina de Irún, José María Bravo.