El 11-M, a juicio

Constituye un éxito, no ya del Estado de derecho, sino del sistema judicial español, el hecho de que haya sido capaz en apenas tres años de llevar a juicio, con el aval de una apabullante acumulación de indicios de pruebas de todo tipo, a los presuntos autores materiales e intelectuales, cómplices y cooperadores necesarios del atentado terrorista del 11-M, el más grave jamás habido en España. No estaba cantado que el juicio pudiera iniciarse el próximo día 15, a un mes de cumplirse el tercer aniversario, no sólo por las dificultades intrínsecas de la investigación, sino por el rechazo de un amplio sector social, nucleado en torno al Partido Popular y jaleado por su entorno mediático, a aceptar la autoría yihadista apuntada por la justicia, en su creencia interesada de considerar el atentado obra de una confabulación de actores movidos por su afán de echar del Gobierno a Aznar en las elecciones del 14-M.

Las 191 víctimas del atentado, ciudadanos españoles y de otras nacionalidades, sus familias y la sociedad entera tienen derecho a que se haga justicia. Era por ello exigible no demorar la celebración de la vista oral, sometiendo a los presuntos culpables a un juicio justo con todas las garantías del Estado de derecho. Es sólo el primer paso en el camino de la reparación debida a las víctimas del 11-M.

Característica esencial del juicio oral es que todos los datos de la instrucción se reproduzcan ante el tribunal que juzga el caso. Entra pues dentro de la normalidad procesal que lo instruido se someta a debate, se repitan diligencias de prueba o se realicen otras nuevas, por criterio del tribunal. No cabe por ello prejuzgar nada, como ya han empezado a hacer los sectores políticos y mediáticos que intentaron sin éxito hacer descarrilar la instrucción interpretando determinadas pruebas ordenadas por el tribunal -en especial la comparecencia a juicio como testigos de tres reclusos etarras y la ampliación de la prueba pericial sobre el explosivo utilizado en los trenes- a favor de su tesis sobre una mano invisible de ETA, adobada con los más delirantes ingredientes conspiratorios. La Audiencia Nacional actúa ante el juicio con un amplio reconocimiento del derecho de defensa y de la propuesta de pruebas, para que no se le diga que no hace lo procesalmente exigible para despejar dudas. Sería impensable que desde dentro del tribunal se hiciera guiño alguno, por leve que fuera, a teorías conspirativas ajenas a la instrucción.

El tribunal y las partes personadas en la causa van a encontrarse con una investigación judicial sólida y abundante en indicios probatorios, como ya reconoció la Audiencia Nacional al confirmar íntegramente los procesamientos dictados por el juez Juan del Olmo contra los presuntos autores materiales, intelectuales y cómplices del atentado: un grupo de islamistas radicales inspirado en Al Qaeda, con la criminal ayuda de delincuentes miembros de la trama asturiana. Algunos de éstos han sido ahora condenados en otro juicio por tráfico de explosivos. Ellos proporcionaron los cerca de doscientos kilogramos de dinamita empleados en los diversos escenarios del atentado.

La instrucción remitida por Del Olmo somete al juicio del tribunal una verdad judicial sobre el 11-M que es todavía provisional, pero que no está sustentada en conjeturas, hechos casuales o enredos de confidentes, sino en 80.000 folios de diligencias de pruebas que determinan, entre otros extremos, que al menos 12 terroristas, entre ellos quienes pusieron una bomba en las vías del AVE a Sevilla el 2 de abril y los que se suicidaron en un piso de Leganés el 3 siguiente, participaron en el atentado contra los trenes, como demuestran las huellas y restos biológicos -ADN- dejados en los distintos escenarios de la masacre.

No le fue fácil al juez Del Olmo llevar a cabo su trabajo con la serenidad y calma deseables, dada la feroz y persistente campaña de descrédito personal y profesional lanzada contra él desde determinadas instancias mediáticas y políticas. No hace todavía un año, Mariano Rajoy, presidente del partido que ha inspirado unas veces o avalado otras las disparatadas teorías de la conspiración, jugueteaba con la posibilidad de anular el sumario a cuenta de una manipulación periodística sobre la mochila que no estalló y que condujo a la identificación de los presuntos autores del 11-M. Tampoco les ha sido fácil a las fuerzas de seguridad del Estado realizar su tarea de policía judicial, habiendo estado sometidas por las mismas instancias a una permanente sospecha de mala fe y de negligencia voluntaria en el esclarecimiento de los hechos.

Sería deseable que el juicio transcurriera en un clima de serenidad, tanto interna como externa, evitando prejuzgar su resultado antes de tiempo. No parece, sin embargo, que el clima general lo favorezca. Mal síntoma es que algunas acusaciones hagan causa común con las defensas para echar por tierra las pruebas contra los acusados, como si su intención fuera que resultaran absueltos para así poder seguir reivindicando "la verdad sobre el 11-M" y alimentando a su vez la paranoia conspirativa que la acompaña.