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Touriño pone en marcha una Carta para defender los derechos de los gallegos

El texto garantizará el "buen trato" de la Xunta a los ciudadanos

Sonia Vizoso

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, anunció ayer la tramitación de una Carta de Derechos Ciudadanos que se convertirá en un "mandato" para la Xunta, que deberá garantizar la calidad de sus servicios, evitar la "opacidad y la prepotencia" y comprometerse a un "buen trato" a quienes recurren a la Administración. El proceso para la elaboración de esta Carta comenzó ayer con una reunión del presidente de la Xunta con representantes de más de 40 colectivos gallegos que trabajan en las áreas de discapacidad, ecología, infancia y otras.

Los gallegos contarán en verano con una Carta de Derechos Ciudadanos, un "catálogo de compromisos" de cómo deben ser tratados dentro y fuera de la Administración. Se trata, según indicó el presidente gallego, de elaborar este catálogo de derechos mediante la interlocución y diálogo de todas las fuerzas sociales y la Administración gallega, así como con el Valedor do Pobo, que participará en la tramitación y anualmente hará, cuando concluya el proceso, un informe evaluando el grado de cumplimiento de los citados derechos.

Pérez Touriño apuntó que esta carta tiene entre sus objetivos poner a disposición de la ciudadanía una herramienta que exija de las administraciones la mejora de canales de información y participación. También persigue la adopción de códigos de conducta que eliminen "actitudes de silencio, opacidad y prepotencia" de la Administración y que, por el contrario, supongan un "compromiso firme de un buen trato al ciudadano", manifestó.

El presidente explicó que la Carta de Derechos Ciudadanos constituye un "paso adelante" en el acercamiento entre los servicios públicos y las necesidades de los gallegos y sus demandas, y también que contribuirá a dejar atrás el modelo "tradicional de relación paternalista" entre la Administración y los administrados, dijo.

El jefe del Ejecutivo gallego enmarcó esta iniciativa en el deseo del Gobierno gallego de una mayor transparencia, en línea con otras iniciativas también tendentes a un acercamiento a los ciudadanos, como la ley de Transparencia o el proceso de reforma de la Administración que llevará consigo la nueva ley de Administración Pública.

El presidente de la Xunta consideró que este documento añadirá un "plus de valor al concepto de ciudadanía" y que no se trata de un catálogo de "buenas intenciones", sino que recogerá criterios de impulso, evaluación y colaboración institucional para garantizar derechos. La Carta de los Derechos Ciudadanos será un compendio de los principios que orientarán la acción del Gobierno en materia de derechos ciudadanos pero, ante todo, afirmó Pérez Touriño, será un "mandato" para la Administración.

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En el acto, al que también asistió el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez, el secretario general de la Presidencia, Gumersindo Guinarte, explicó que ayer comenzaban los trabajos para la elaboración de la Carta, que supondrá un "catálogo de derechos exigibles" por los ciudadanos a la Administración. Se abrirá para ello un proceso "participativo", como la recopilación de derechos recogidos en distintas normas legales, la creación de grupos de trabajo o la elaboración de indicadores del grado de cumplimiento de cada derecho.

Esta carta también propondrá la creación de un Observatorio de los derechos ciudadanos, para que el Valedor do Pobo evalúe anualmente el grado de desarrollo de los derechos recogidos en la carta y las medidas adoptadas por la Administración para alcanzar el cumplimiento de sus compromisos.

El documento está inspirado en varias experiencias similares que se han desarrollado en otras partes de España e incluirá recomendaciones sobre los tiempos de espera y sobre las maneras de facilitar la información.

Autoimposición

Este catálogo de buena conducta de la Administración autonómica recogerá además compromisos sobre los derechos fundamentales de los gallegos en ámbitos como la igualdad entre sexos o la conciliación de la vida familiar y laboral. En principio, es una carta "autoimpuesta", que sólo se extenderá a otras administraciones o entidades privadas si éstas así lo desean. Su plasmación fuera de la Xunta se haría a través de lo que los promotores del proyecto llaman "cartas de servicios". Estos documentos concretarían los principios establecidos por el Gobierno gallego y podrían ser asumidas por los ayuntamientos, asociaciones o empresas.

El proceso de redacción pretende dar voz a los ciudadanos y se hará a través de un estudio sociológico y de una encuesta, para conocer la opinión de los gallegos sobre el trato que reciben y sobre los nuevos derechos que creen que se les deberían reconocer.

En julio, al Parlamento

Él proceso de elaboración de la Carta de Derechos de los Ciudadanos comenzará con una investigación sociológica coordinada por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago. En 12 mesas de trabajo, una muestra heterogénea de ciudadanos relatarán si conocen sus derechos, si creen que se les respetan y cuáles se les debería reconocer.

Según explican fuentes del Gobierno gallego, los resultados de este estudio sociológico serán enviados a cada consellería a partir de finales de marzo y los responsables de estos organismos deberán aclarar por escrito "hasta dónde quieren llegar" en sus compromisos en relación con la atención a los ciudadanos.

Los pronunciamientos de cada departamento autonómico conformarán un borrador que será remitido al Valedor do Pobo.

A este primer documento se le introducirán las modificaciones que se deriven de otro. Esta vez se trata de una encuesta sobre derechos que realizará la Administración autonómica. Los resultados de esta encuesta y la opinión de las asociaciones ciudadanas serán también enviadas al Valedor. Será esta institución la que lleve la propuesta de Carta al Parlamento y aquí será donde, antes del próximo mes de julio, comparecerá el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, para explicar su contenido.

El trabajo para la elaboración de la Carta de Derechos Ciudadanos comenzó ya hace unos meses, aunque el anuncio de su tramitación no se oficializó hasta ayer ante los representantes de colectivos gallegos que trabajan en áreas como la discapacidad, la igualdad, la ecología, la infancia, la enseñanza o el cuidado de enfermos.

Hasta ahora se ha redactado un informe que da cuenta de todas las normas españolas y gallegas que afectan a los derechos de los ciudadanos. Del informe se extrajo un índice que enumera todos los derechos que amparan a los residentes en Galicia y que servirá de punto de partida a la investigación sociológica.

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Sobre la firma

Sonia Vizoso
Redactora de EL PAÍS en Galicia. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago. Lleva 25 años ejerciendo el oficio en la prensa escrita y ha formado parte de las redacciones de los periódicos Faro de Vigo, La Voz de Galicia y La Opinión de A Coruña, entre otros. En 2006 se incorporó a El País Galicia.

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