Touriño pone en marcha una Carta para defender los derechos de los gallegos

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, anunció ayer la tramitación de una Carta de Derechos Ciudadanos que se convertirá en un "mandato" para la Xunta, que deberá garantizar la calidad de sus servicios, evitar la "opacidad y la prepotencia" y comprometerse a un "buen trato" a quienes recurren a la Administración. El proceso para la elaboración de esta Carta comenzó ayer con una reunión del presidente de la Xunta con representantes de más de 40 colectivos gallegos que trabajan en las áreas de discapacidad, ecología, infancia y otras.

Los gallegos contarán en verano con una Carta de Derechos Ciudadanos, un "catálogo de compromisos" de cómo deben ser tratados dentro y fuera de la Administración. Se trata, según indicó el presidente gallego, de elaborar este catálogo de derechos mediante la interlocución y diálogo de todas las fuerzas sociales y la Administración gallega, así como con el Valedor do Pobo, que participará en la tramitación y anualmente hará, cuando concluya el proceso, un informe evaluando el grado de cumplimiento de los citados derechos.

Pérez Touriño apuntó que esta carta tiene entre sus objetivos poner a disposición de la ciudadanía una herramienta que exija de las administraciones la mejora de canales de información y participación. También persigue la adopción de códigos de conducta que eliminen "actitudes de silencio, opacidad y prepotencia" de la Administración y que, por el contrario, supongan un "compromiso firme de un buen trato al ciudadano", manifestó.

El presidente explicó que la Carta de Derechos Ciudadanos constituye un "paso adelante" en el acercamiento entre los servicios públicos y las necesidades de los gallegos y sus demandas, y también que contribuirá a dejar atrás el modelo "tradicional de relación paternalista" entre la Administración y los administrados, dijo.

El jefe del Ejecutivo gallego enmarcó esta iniciativa en el deseo del Gobierno gallego de una mayor transparencia, en línea con otras iniciativas también tendentes a un acercamiento a los ciudadanos, como la ley de Transparencia o el proceso de reforma de la Administración que llevará consigo la nueva ley de Administración Pública.

El presidente de la Xunta consideró que este documento añadirá un "plus de valor al concepto de ciudadanía" y que no se trata de un catálogo de "buenas intenciones", sino que recogerá criterios de impulso, evaluación y colaboración institucional para garantizar derechos. La Carta de los Derechos Ciudadanos será un compendio de los principios que orientarán la acción del Gobierno en materia de derechos ciudadanos pero, ante todo, afirmó Pérez Touriño, será un "mandato" para la Administración.

En el acto, al que también asistió el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez, el secretario general de la Presidencia, Gumersindo Guinarte, explicó que ayer comenzaban los trabajos para la elaboración de la Carta, que supondrá un "catálogo de derechos exigibles" por los ciudadanos a la Administración. Se abrirá para ello un proceso "participativo", como la recopilación de derechos recogidos en distintas normas legales, la creación de grupos de trabajo o la elaboración de indicadores del grado de cumplimiento de cada derecho.

Esta carta también propondrá la creación de un Observatorio de los derechos ciudadanos, para que el Valedor do Pobo evalúe anualmente el grado de desarrollo de los derechos recogidos en la carta y las medidas adoptadas por la Administración para alcanzar el cumplimiento de sus compromisos.

El documento está inspirado en varias experiencias similares que se han desarrollado en otras partes de España e incluirá recomendaciones sobre los tiempos de espera y sobre las maneras de facilitar la información.

Autoimposición

Este catálogo de buena conducta de la Administración autonómica recogerá además compromisos sobre los derechos fundamentales de los gallegos en ámbitos como la igualdad entre sexos o la conciliación de la vida familiar y laboral. En principio, es una carta "autoimpuesta", que sólo se extenderá a otras administraciones o entidades privadas si éstas así lo desean. Su plasmación fuera de la Xunta se haría a través de lo que los promotores del proyecto llaman "cartas de servicios". Estos documentos concretarían los principios establecidos por el Gobierno gallego y podrían ser asumidas por los ayuntamientos, asociaciones o empresas.

El proceso de redacción pretende dar voz a los ciudadanos y se hará a través de un estudio sociológico y de una encuesta, para conocer la opinión de los gallegos sobre el trato que reciben y sobre los nuevos derechos que creen que se les deberían reconocer.