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La policía descubre puerta a puerta que 10 firmas de la trama de Terra Mítica no existen

Los agentes comprueban que en el fraude se utilizaron testaferros y empresas instrumentales

Lo han comprobado puerta a puerta. Una decena de las 20 empresas de la trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica no existen. Agentes de la Brigada de Policía Judicial de Valencia, por orden del juez que instruye el caso, han comprobado lo que sospechaban tanto la Agencia Tributaria como la fiscalía, es decir, que firmas inexistentes sirvieron para hinchar facturas que pagó el parque de atracciones de Benidorm. Desde direcciones inexistentes a domicilios en los que nunca se ha sabido nada de empresa alguna, el panorama de sociedades usadas para cobrar sobrecostes del parque de atracciones impulsado en su día por Eduardo Zaplana ha destapado su ficción. La policía ha constatado que se utilizaron empresas instrumentales y testaferros.

"Se ha podido comprobar a través de los vecinos que se trata de una finca familiar. Durante los últimos cuatro o cinco años estuvieron viviendo unas personas de etnia gitana en régimen de alquiler". Se suponía que esa dirección correspondía a una empresa de la trama de Terra Mítica. Los agentes de la Brigada Judicial comprobaron que no era así. Hicieron averiguaciones similares a instancias de un juzgado de Valencia sobre una decena de empresas que sirvieron para hinchar facturas de Terra Mítica. En otro de los casos, el informe policial deja constancia de que la empresa Red Moreno, que facturó al parque por obras y tenía por objeto social "la recuperación y reciclado de residuos sólidos, la comercialización y venta de bebidas" se dedicaba "a la manufactura de ropa infantil".

Hacienda sospechó de la existencia de muchas de las empresas denunciadas en la trama. La fiscalía se sumó a ello tras conocer los detalles del expediente. Algunos de los testimonios ante el juez confirmaron que muchas de las mercantiles implicadas en la trama no existían o no se dedicaban a aquello por lo que habían cobrado de Terra Mítica.

El juzgado pidió el pasado octubre a la policía que hiciera averiguaciones sobre una decena de esas sociedades. Los agentes siguieron su rastro. El resultado ha revelado que no existían o que se dedicaban a algo bien distinto a lo que hicieron constar para cobrar del parque impulsado por la Generalitat valenciana.

De acuerdo con el oficio remitido al juzgado por la policía el pasado 31 de enero, las sociedades Altos del Carrichal, SL y Red Moreno, SL, de las que era titular Antonio Moreno Carpio -empresario imputado a quien dos diputados socialistas valencianos grabaron unas conversaciones en las que se señalaba la existencia de comisiones ilegales que, a través del contratista Vicente Conesa, irían a parar a Eduardo Zaplana-, existen sólo sobre el papel. La policía dice que su supuesta sede social era "un domicilio privado". Y añade que los vecinos "solamente tenían conocimiento de la conocida como Red Moreno, SL, empresa que se dedicaba a la manufactura de ropa infantil". Apuntaban que "desde hace aproximadamente dos años (2004) no existe actividad ni movimiento alguno en dicha puerta".

Otra empresa, denominada Gribal, de José Emilio Llopis, mercantil a la que Hacienda imputa facturas falsas giradas a Terra Mítica con fecha previa a su constitución, no ha estado ni parece haber estado nunca en la dirección que se referenciaba. La policía constató que su sede es en realidad el domicilio de una familia gitana. La firma Ximo Dual, SL, que aparece en la causa relacionada con Gribal, SA, a través de facturas datadas en 2001 por servicios inexistentes que se repercutieron a Terra Mítica, tenía como gerente a Pedro Belén Álex, quien declaró ante el juez que su profesión era la de camarero, que estaba en paro, que firmó ante un notario la constitución de la empresa y que no sabía siquiera dónde estaba la sociedad.

Sobre Desarrollo Gran Vía, la sociedad en la que se perdían las cuantiosas cantidades recaudadas por la trama, la policía no ha encontrado datos en el censo, ni en el padrón municipal, ni en el catastro, ni a través de las empresas vecinas a la dirección que figuraba en un polígono industrial de Quart de Poblet (Valencia).

Otra de las empresas, Trabajos Auxiliares del siglo XXI, aparecía ubicada en Olocau. La dirección coincidía con el nombre de un paraje rural en el que sólo hay viviendas dispersas, sin calles ni números. En los casos de Prexint Botànics, de Herrero Mantenimiento, de Les Simetes de Partagás o de Mecanizaciones Hermanos Muñoz, los agentes se toparon con unos nombres y apellidos que nada tienen que ver y con unos vecinos que no sabían nada de esas empresas.

La policía sí encontró a Mecanizados Levante, cuyo dueño es Emilio Muñoz Mateo, el mismo que de Mecanizaciones Hermanos Muñoz. Su empresa existió, pero dejó de tener actividad hace 10 años. Uta Scheerbath, que declaró como representante de Mecanizados de Levante, dijo ante el juez que firmó como socia la constitución de una empresa de la que nunca supo nada.

Otros 4 millones de sobrecostes ilegales

La Agencia Tributaria señala que en marzo de 2001 la Unión Temporal de Empresas (UTE) Terra Verd, integrada por Lubasa, Hormigones Martínez y C-3, abonó al parque temático de Benidorm cuatro millones de euros. Un pago que la inspección tributaria considera similar a los realizados en parecidas fechas por parte de las empresas Cobra Instalaciones, Moncobra y Atil Cobra -pertenecientes al grupo ACS-. Estas firmas reintegraron a Terra Mítica 4,5 millones de euros "por error en las mediciones y falta de calidad de la obra" para evitar el escándalo que se cernía sobre el parque por las desviaciones presupuestarias y la facturación de obras no realizadas. Los sobrecostes devueltos fueron compensados a los contratistas por la empresa de la Generalitat valenciana Sociedad Parque Temático de Alicante. De esta manera, los abonos pagados a Terra Mítica por los citados contratistas, a veces incluso antes de que hubiesen cobrado toda la facturación, suman en conjunto 8,5 millones.

Terra Verd recibió también un trato de privilegio al lograr un anticipo de Terra Mítica de 300.000 euros en julio de 1999 y "con anterioridad a la primera certificación de obra". "Es el único anticipo que se produce en la obra", recalca la Agencia Tributaria. Hacienda pone de relieve el papel de Vicente Conesa, propietario de C-3, una de las firmas que emitió facturas falsas. Conesa, además de realizar funciones de dirección facultativa de las obras de jardinería en Terra Mïtica, era también socio en unas naves industriales de José María Arraiz, responsable de los proyectos anexos al parque de atracciones en la empresa de la Generalitat. Unas naves financiadas en parte con el dinero de la trama de facturas falsas de Terra Mítica.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de febrero de 2007

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