"Hoy por hoy no me sorprende nada, pero tengo total tranquilidad"

El presidente del Gobierno canario, Adán Martín (de Coalición Canaria), ha señalado esta mañana que todo el mundo puede estar “totalmente tranquilo” en lo que se refiere a la investigación judicial que pesa sobre él, puesto que el motivo de ésta, una presunta irregularidad urbanística, no dependía de él. “Es un expediente que va al Parlamento, y es el Parlamento el que lo debe resolver”, ha asegurado a la Cadena Ser.

“Hoy en día no me sorprende nada”, pero “tengo una total tranquilidad, que hagan lo que tengan que hacer”, ha añadido Martín, que dice llevar 28 años en política “con total honestidad, defendiendo el interés general y el progreso”. “Sólo me he dedicado a afrontar las responsabilidades que uno tiene cuando gobierna Canarias”, ha concluido.

El juez que instruye la trama de corrupción en el Ayuntamiento grancanario de Mogán (15.000 habitantes), del Partido Popular, ha separado una parte de la investigación de ese caso, en concreto la que atañe a las escuchas telefónicas realizadas por la policía sobre las conversaciones entre un empresario imputado, Santiago Santana Cazorla; el propio Martín; su consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel; y el jefe del gabinete de Presidencia, Salvador Iglesias.

Estas escuchas, que el juez ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tienen que ver con la declaración de una urbanización, la conocida como Anfi Tauro, como bien de interés general, una declaración que el Gobierno canario debía remitir para su tramitación y aprobación al Parlamento autonómico. En esas conversaciones se habló de detalles del proyecto (por ejemplo, el número de camas que tendría un hotel incluido en él). El empresario estaba muy interesado en que saliera adelante, pero para ello necesitaba el apoyo de Coalición Canaria en el Parlamento.

El Gobierno canario ha hecho público un comunicado esta tarde defendiendo que “se ha ajustado absolutamente a la legalidad en la tramitación del expediente turístico Anfi Tauro y está seguro de que las investigaciones judiciales sobre este caso exonerarán de toda responsabilidad” a sus miembros del Ejecutivo.

El juez ha enviado el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque tanto Martín como su consejero de Medio Ambiente son aforados. Deberá ser la Sala de lo Civil de ese tribunal el que decida si se sigue investigando, y si lo hacen ellos o el juez que lleva el resto del caso en Mogán. En éste, están imputados el alcalde, la primera teniente de alcalde y el concejal de Hacienda, que a la vez es el portavoz municipal del PP en la corporación, por un supuesto trato de favor por parte del Gobierno local al empresario propietario de la citada urbanización.

El promotor inmobiliario ofreció como contraprestación para poder desarrollar su proyecto urbanístico tres parcelas que estaban en medio de una autovía, por lo que en realidad no servían de nada. Cuando los funcionarios municipales advirtieron esta irregularidad, el promotor volvió a ofrecer otros terrenos, pero en este caso estaban dentro de un campo de golf. La permuta debería permitir al Ayuntamiento conseguir un suelo valorado en 12 millones de euros, que son el beneficio supuestamente obtenido por el promotor inmobiliario por esta operación irregular.

En la investigación también se pudo acreditar cómo la primera teniente de alcalde de Mogán, Onalia Bueno, ordenó espiar a la comisaría de policía encargada de la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Para ese espionaje, la dirigente del PP contó con la ayuda de un empresario que también está imputado en esta causa. El Partido Popular no ha tomado ninguna medida disciplinaria contra sus tres cargos municipales imputados. El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, se mostró tranquilo en una visita que realizó a Canarias porque de la investigación no se deducía que los concejales populares se hubieran quedado con dinero.