Un juez anula el convenio de La Vila con el dueño del Atrium para legalizar el hotel
El magistrado ve ilegal el acuerdo aprobado en el pleno con el voto en solitario del PP
El Juzgado Contencioso-administrativo número 3 de Alicante ha declarado nulo el convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de La Vila Joiosa y la mercantil Hotel Luna, SA, propietaria de hotel Atrium Beach, en primera línea de playa, para corregir el exceso de obra del inmueble. Este acuerdo se adoptó en el pleno del 12 de diciembre de 2005 con los votos del PP y obligaba a la empresa a restablecer la legalidad. El magistrado considera que la convocatoria del pleno por la "vía de urgencia" privó a los concejales de tener acceso al contenido del documento.
El regidor acata la sentencia y convocará otro pleno para aprobar el documento
Entre las medidas que incluía el convenio para legalizar el complejo hotelero figuran la demolición de 15.000 metros cuadrados, una sanción de 12 millones de euros, la cesión de 22.000 metros cuadrados al Consistorio y la construcción de una extensión administrativa municipal por valor de 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento deberá convocar un nuevo pleno para validar el texto.
En la sentencia, el juez estima que la declaración de urgencia por la que se llevó el punto al pleno hace poco más de un año "no existía", por lo que "se hurtó a todos los miembros de la Corporación a conocer con suficiente antelación el contenido y antecedentes de los acuerdos a adoptar mediante el examen previo del asunto en la comisión correspondiente". La sentencia, con fecha de 29 de enero de 2007, da la razón al concejal de Iniciativa Independiente Pedro Lloret, para quien el auto "viene a poner freno a los abusos antidemocráticos que se producen cuando se introducen asuntos fuera del orden del día amparados por la mayoría del equipo de gobierno".
La sentencia refleja que el acuerdo "puede convalidarse en una nueva sesión convocada con observancia de las formalidades legales". Un portavoz del Ayuntamiento de La Vila calificó de "anecdótico" el asunto y recalcó que la sentencia hacía referencia a "un asunto de forma, no de contenido". Aunque cabe la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el portavoz indicó que el Consistorio ha optado por llevar el convenio de nuevo al pleno y repetir la votación. De esta forma no se prolongaría una situación no prevista por el primer edil, José Miguel Llorca Senabre, del PP. El hecho de que hasta ayer no se hiciera pública la sentencia ajusta el margen para que sea en el pleno del 15 de febrero cuando se ratifique, y la aprobación podría esperar a la sesión de marzo, según las mismas fuentes del Gobierno municipal.
Desde la mercantil Hotel Luna, SA, su portavoz, Javier García, señaló que el fallo "no tiene efecto práctico", puesto que "el plan de reforma interior y la licencia de demolición están en vigor". Además, explicó que "ni siquiera era jurídicamente necesario que el convenio pasara por pleno, ya que el alcalde tenía competencias para hacerlo, pero prefirió llevarlo como señal de transparencia". García se mostró "tranquilo y confiado", a la vez que explicó que todos los puntos del Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM) los están "cumpliendo tal y como" se habían comprometido.
El concejal Lloret consideró el auto una "primera victoria en lo referente a la forma", y anunció la presentación de un nuevo recurso "centrado en el contenido del convenio".
La justicia está poniendo en apuros al consistorio vilero, con varios planes parciales del PGOU de 1999 paralizados y el concierto previo del nuevo plan cuestionado por las filtraciones. El caso del Atrium Beach, sin embargo, ha sido la principal patata caliente de la actual legislatura. Tras varios decretos de paralización no fue hasta septiembre de 2003 cuando la muerte de tres operarios en accidente laboral provocó que se paralicen los trabajos. Para entonces el edificio estaba a punto de alcanzar 21 alturas y más de 2.000 dependencias, el doble de lo inicialmente previsto. En 2005 el entonces consejero de Territorio, Rafael Blasco, anunció una multa "ejemplar" de 12 millones de euros y se elaboró el PRIM. Mientras, la Ley Urbanística Valenciana que redactaba su departamento perdonaba el 95% de las sanciones a los infractores que elaborasen un PRIM.
El convenio firmado entre el Ayuntamiento y la promotora recogía la demolición de 15.000 metros cuadrados, una obra que está en fase de ejecución. El exceso de volumen del Atrium era tres veces mayor.
