La urbanización de un club de alterne en Verín desata un conflicto político

Las obras de saneamiento y accesos de un club de alterne, un edificio solitario cerca de la aldea de Feces, a escasos metros de Portugal, han provocado una tormenta política en el Ayuntamiento de Verín. El PP y el Bloque exigen saber cuánto se ha gastado y por qué razón el teniente de alcalde y concejal de Obras, el independiente Santiago Cid Harguindey, ex alcalde de Verín, envió a una brigada municipal para realizar los trabajos.

El propietario del local La princesa, José Parada Rodríguez, amigo de Harguindey, solicitó licencia de ampliación de su negocio en agosto de 2005, porque la obtenida en 1984 solo autorizaba un café-bar. El teniente de alcalde admite que fue él quien ordenó las obras de acondicionamiento del negocio de Parada, pero se niega a dar explicaciones de por qué envió a la brigada de obras del ayuntamiento para hacer las mejoras.

Santiago Cid Harguindey fue alcalde de Verín y vicepresidente de la Diputación, en representación del PP en ambos casos, hasta que una sentencia lo condenó a 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación ya cumplido. Ahora es concejal independiente. La asociación Alecrín, que ha investigado lo sucedido, ha puesto el grito en el cielo. En la agrupación feminista saben quién es Parada -"conocido proxeneta amigo de Cid Harguindey", dicen- y atribuyen a esa amistad "el favor municipal". El edil ha reconocido públicamente que, efectivamente, envió a la brigada municipal a realizar las obras de urbanización. Pero ahora sólo dice: "No hago declaraciones".

Otras fuentes municipales quitan hierro al asunto negando que el trato con el café-bar La Princesa constituya corruptela. "El dueño pidió licencia de enganche, y como tenía la de obra, se le concedió, al margen de que el negocio al que se dedica consta como güisquería", señalan. Advierten, además, que el hecho de que se haya enviado a la brigada municipal a realizar las obras no constituye favor político alguno: "El ayuntamiento pone la mano de obra y ellos el material". Además, los vecinos del entorno podrán beneficiarse de esta obra municipal, argumentan.

Pero Alecrín ve el asunto con otra óptica. Su presidenta, Ana Míguez, afrima que hubo corrupción. Míguez dice que por la conexión con el abastecimiento público de agua y alcantarillado, el empresario tuvo que pagar, "como cualquier vecino que solicite una licencia", una fianza de 18.000 euros en concepto de garantía de realización de las obras de urbanización. Pero, en este caso y a diferencia de los demás vecinos, el ayuntamiento "le devolvió la fianza al prostíbulo sin que hubiera hecho las obras requeridas". Y acto seguido, "una brigada municipal se hizo cargo de ellas como si el prostíbulo fuera una obra pública"

Alecrín denuncia la connivencia de Cid Harguindey con el propietario del club. Pero va más allá. "Los proxenetas saben que la reforma del Código Penal castiga a todos los que se benefician de la prostitución ajena, aun con el consentimiento de la mujer prostituida", advierte, responsabilizando a los concejales verinenses de callarse sobre la actividad del local "de la que tenían perfecto conocimiento".