El Gobierno de Baleares bloqueó una denuncia de sus agentes contra el mayor 'pelotazo' en Andratx

El Gobierno balear, presidido por Jaume Matas (PP), a través de la Consejería de Medio Ambiente, cuyo titular es Jaume Font (PP), retuvo casi un año una denuncia de sus propios agentes forestales contra el mayor pelotazo urbanístico ilegal en Andratx. El Ejecutivo del PP sólo tramitó esa denuncia, remitiéndola al Consell Insular de Mallorca, el órgano que tiene las competencias en materia de disciplina urbanística, tras ser detenido el alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), que autorizó tal plan, y una vez que la investigación judicial había destapado el escándalo.

Un agente de la Consejería de Medio Ambiente informó en febrero de 2006 de edificaciones ilegales en zona protegida

"Hay un total de 12 construcciones que no son autorizables y son presuntamente ilegales"

El juez del 'caso Andratx' ha recibido la denuncia frenada por el Ejecutivo balear sobre el plan con plusvalías de 10 millones

El escrito tardó casi un año en ser entregado al Consell de Mallorca, órgano disciplinario en urbanismo

Una grabación demuestra que el alcalde tenía amistad con los promotores

El proyecto denunciado suma 26 bloques que albergarán más de 150 viviendas en una parcela de 15.000 metros cuadrados. Este desarrollo urbanístico se ubica en una zona especialmente protegida, donde la ley sólo permite una vivienda unifamiliar por cada 50.000 metros cuadrados. El pelotazo podría generar unas plusvalías superiores a los 10 millones de euros. Es la mayor operación urbanística irregular de las investigadas por el juzgado del caso Andratx, que ya ha recibido copia del expediente de esta denuncia congelada por el Gobierno balear. Un cargo de la consejería, consultado ayer por este diario, se comprometió a investigar el retraso de esta denuncia, hecho del que dijo que no tiene constancia.

La denuncia del agente forestal, de febrero de 2006, sólo fue despachada por la Consejería de Medio Ambiente el 7 de diciembre de 2006 -una semana después de la detención del alcalde de Andratx junto con el jefe del urbanismo balear, Jaume Massot (PP) y demás presuntos cómplices en su gestión urbanística municipal-. Desde esa fecha hasta que llegó a su destinatario, el Consell Insular de Mallorca, pasaron otras dos semanas. El habitual intercambio de documentos por mensajería entre sus sedes, ambas en Palma, no consume más de 10 minutos. La denuncia tuvo entrada en el Consell el 21 de diciembre de 2006.

El agente forestal con número 102.929 descubrió los hechos irregulares y los puso por escrito el 8 de febrero de 2006. Una semana después, el 14 de febrero de 2006, la denuncia entraba en la dirección general de Biodiversitat de la Consejería de Medio Ambiente con el número 151. Un mes después, el mismo agente emitía una ampliación de su denuncia. No habría más noticia de ella hasta su salida de Medio Ambiente, el 21 de diciembre de 2006.

La denuncia del forestal, que tardó 11 meses en ser entregada al Consell sumando las demoras previas y posteriores a su salida de la Consejería de Medio Ambiente, tenía un gran calado, según demostró después la investigación judicial. Afectaba a uno de los proyectos urbanísticos irregulares más ambiciosos de Andratx. No en vano, el fiscal solicitó una fianza de 10 millones de euros al alcalde de Andratx sólo por su responsabilidad en este proyecto urbanístico. En concreto, se trata del polígono 13 de Andratx, situado en pleno monte a las espaldas del hotel Monport. Allí se estaban (y se están) levantando a marchas forzadas 26 bloques con bajo y dos plantas, más piscinas, que albergarían más de 150 viviendas. El forestal escribió lo que sigue en su denuncia:

- Descripción de los hechos. "El 3 de febrero de 2006, el agente de Medio Ambiente 102.929 observó que se habían realizado unas construcciones en el polígono 13, parcela 9.002. El mismo día se hicieron las fotografías que acompañan esta acta. A la entrada de las obras hay una placa de licencia de obras del Ayuntamiento de Andratx con número MA 105/04, referenciada 42/05, que dice que la ordenación aplicable es general turística residencial".

- Descripción de las obras. "Ocupan una parcela de aproximadamente 15.000 metros cuadrados entre edificaciones y movimientos de tierra. Hay un total de 12 construcciones, algunas de considerables dimensiones".

- Conclusiones preliminares. "Consultando la cartografía del Plan Territorial Insular de Mallorca se constata que el terreno donde se ubican las obras está calificado de ARIP y ARIP boscosa. Por tanto, no son autorizables y presuntamente ilegales".

Posteriormente, el agente agregaría lo siguiente a su informe: "Las obras denunciadas no están dentro de la zona forestal (aunque el mapa del PTI clasifica la zona como ARIP boscosa). Se trata de terrenos agrícolas sin vegetación forestal que no entran en la definición de monte (según la ley de montes), por tanto, no se ha ocasionado daños al monte". Pero lo que el forestal mantuvo es que, boscosa o no, era una zona ARIP, el penúltimo grado de mayor protección urbanística en Baleares. Sólo permite la edificación de una vivienda unifamiliar por cada 50.000 metros cuadrados. Y aquí, en menos de 15.000 metros, se levantaban 26 viviendas y, por añadidura, plurifamiliares.

Cuando por fin la consejería de Font evacuó su denuncia en diciembre de 2006 al Consell de Mallorca mantuvo la definición dada por su agente: "Se adjunta copia del acta de denuncia de 8 de febrero de 2006, así como informe complementario de 14 de marzo, emitidos por el agente 102.929 de la Consejería de Medio Ambiente en relación con obras presuntamente ilegales en ARIP en el polígono 13, parcela 9002 en Andratx". En 10 meses ni añadió ni quitó una coma al informe inicial.

Si alguien intentó ocultar desde la Consejería de Medio Ambiente tal irregular proyecto urbanístico en Andratx, fracasó estrepitosamente. En enero de 2006 -un mes antes de la denuncia del agente forestal-, el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil recibió una denuncia contra dichas obras por iguales motivos. Y el instituto armado la trasladó sin dilación al Consell, cuyos servicios técnicos en marzo y abril de 2006 ya emitían sendos informes proclamando su criterio de que eran zona ARIP y, por tanto, "suelo no urbanizable de especial protección", donde no se podían levantar las 150 viviendas.

En mayo de 2006, la comisión de urbanismo del Consell, con el solo voto en contra de los tres representantes del PP, acordaba la interposición de un recurso contencioso administrativo contra todos "los actos administrativos (acuerdos y actuaciones) que legitimasen los actos de edificación y uso del suelo que se viene ejecutando" en los citados terrenos de Andratx, al tiempo que requería al Ayuntamiento por vía jurisdiccional toda la documentación pertinente sobre dicho proyecto.

La paradoja es que estas investigaciones del Consell sobre los mismos hechos denunciados y congelados en Medio Ambiente acabarían uniéndose a la causa penal abierta contra el alcalde de Andratx por el catálogo de irregularidades urbanísticas de su gestión. Y semanas atrás, el juzgado del caso Andratx, el número 12 de Palma de Mallorca, reclamó al Consell de Mallorca copia del expediente sobre las obras de Monport.

No en vano, el proyecto irregular es citado en las conversaciones grabadas al alcalde de Andratx con Juan Castell, hermano de un arquitecto contratado para diversas obras municipales y cuyo padre es amigo del regidor.

Eugenio Hidalgo. "Ayer vino el papel del juez pidiendo la licencia de Prosmi, las que están al lado de tu padre, la tuya y la de tu padre y la de los chinos. Será hija de puta lo que tiene montado, que tenemos el ayuntamiento colapsado lunes y martes haciendo fotocopias de lo de tu padre, el otro y el otro".

Juan Castell. "Sí, mi padre le llevó los papeles a Nacho [letrado del ayuntamiento imputado, Ignacio Mir], porque no los encontraba lo de la parcelación del 83".

La grabación prueba que algunos de los promotores que recibieron la licencia de Hidalgo para edificar en dichos terrenos protegidos eran amigos del alcalde.

El sindicato CC OO denunció en enero pasado que la Consejería de Medio Ambiente había vetado a sus agentes forestales tramitar directamente sus denuncias ante la Fiscalía, lo que había bloqueado un centenar de sus escritos. José Benedicto, secretario general del sindicato en Baleares, planteó que esta consejería se había convertido en "colaborador necesario" de los delitos medioambientales y de construcciones ilegales en Andratx. El Ejecutivo balear negó "haber recibido más denuncias de las que tramita", pero admitió haber ordenado a los forestales entregar sus denuncias a la secretaría general de la consejería que, si veía delito, la remitiría a la Fiscalía.