Vuelven banderas victoriosas

La manifestación celebrada el pasado domingo en Madrid, convocada por la organización vizcaína Foro Ermua y seguida masivamente por dirigentes, militantes y votantes del PP, tuvo un triple lema oficial: Por la libertad. Derrotemos juntos a ETA. No a la negociación. Según el comunicado leído al término del acto, la convocatoria no era "ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro": esa milagrosa exoneración de las servidumbres del espacio político se remonta a la retórica falangista. Sin embargo, buena parte de la asistencia -tal y como estaba previsto en el guión de los organizadores- desvió el teórico objetivo de la marcha entre la plaza de Colón y la plaza de la Independencia (el gusto por la hipérbole mentirosa de la Comunidad madrileña multiplicó por ocho el número de concurrentes, como en los tiempos heroicos de la Plaza de Oriente) para exigir a gritos la dimisión del presidente del Gobierno y cubrirle de improperios en las pancartas: Zapatero, embustero; ZP, traidor; ETA-Zapatero-Quién está detrás del 11-M; Al poder llegaste en tren. Queremos saber de la mano de quién. El presidente del Foro Ermua ya había lanzado la víspera -en la tercera de Abc- una misteriosa advertencia al presidente del Gobierno: "Esta es la última vez que se lo diremos: mañana será tarde y a partir de ese momento dejaremos que sea aplastado por la pavorosa rueda que él mismo ha puesto en movimiento".

La consigna de unidad democrática, coactivamente dirigida contra las demás fuerzas parlamentarias después de insultarlas, no es la única maniobra de doble vínculo del PP. Un bosque de banderas españolas -la izquierda abertzale también suele cubrir el horizonte con un telón de ikurriñas- y la emisión del himno nacional por la megafonía que amenizaba el acto (una circunstancia no prevista pero tampoco excluida por el decreto 1.560/1997 regulador de la Marcha de granaderos) sirvieron a los populares para recabar de manera partidista el monopolio de los símbolos identitarios compartidos por todos y para expulsar a sus adversarios políticos -demonizados como enemigos existenciales- del marco institucional. Esa desleal estrategia del principal partido de la oposición, orientada a excluir al Gobierno socialista y a la mayoría parlamentaria que le respalda de la lucha común contra el terrorismo, ha marcado obscenamente toda la legislatura.

Primero fueron las acusaciones veladas y las insidias maliciosas -vertidas por los portavoces del PP en el Parlamento y por los periodistas a su servicio en El Mundo y en la radio de los obispos- sobre las fantasiosas connivencias, encubrimientos y complicidades de los socialistas con el atentado del 11-M, supuestamente planeado por oscuras fuerzas concertadas -ETA, entre otras- para llevar a Zapatero al poder. Tras la declaración del alto el fuego permanente declarado por la banda terrorista el 22 de marzo de 2006, los nueve meses transcurridos sin atentados con resultado de muerte fueron interpretados por los populares como una prueba segura de que el presidente del Gobierno estaba pagando a ETA la factura pendiente por su sangrienta ayuda prestada a su victoria electoral el 14-M: el reconocimiento del principio de autodeterminación y la anexión forzosa de Navarra al País Vasco.

Pero el atentado de Barajas no sólo hizo volar por los aires el aparcamiento de la T-4, sino también la lectura paranoide de la tregua realizada por el PP: el comunicado de ETA descargó toda la responsabilidad del crimen sobre el Gobierno por haber establecido "como tope" para el diálogo "los límites de la Constitución española y la legalidad". Con el descaro de los apostadores que se niegan a reconocer sus equivocaciones, Rajoy fabricó un sofístico dilema para acertar siempre como hacen los trileros: "Si usted no cumple [las exigencias de ETA], le pondrán bombas, y si no hay bombas, es porque ha cedido". En cualquier caso, los dirigentes del PP -inasequibles al desaliento- han decidido regresar a la víspera del atentado del 30 de diciembre acusando al Gobierno de traicionar a los muertos, capitular ante el terrorismo, desactivar el Estado de derecho y preparar la ruptura de España.