El patrón de los hoteleros relativiza la inseguridad ciudadana

El presidente de la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec), Pere Joan Devesa, aseguró ayer que la Comunidad Valenciana disfruta de una "buena percepción a nivel de seguridad". Devesa compareció ayer ante la comisión especial de estudio sobre la seguridad ciudadana de las Cortes Valencianas, en la que el PP tiene verdaderos problemas para encontrar testimonios solventes que avalen sus críticas al Gobierno.

La comisión sobre seguridad ciudadana creada por el PP en las Cortes Valencianas está resultando un desastre para los intereses populares. Los comparecientes elegidos por el Grupo Popular o salen rana y no avalan las tesis del Consell y del partido o bien demuestran ser extremadamente vulnerables y sus argumentos son rebatidos con inusitada facilidad por la oposición.

La tercera de las sesiones convocada ayer no fue mucho mejor que las dos anteriores. El presidente de los hosteleros de Benidorm aseguró que la Comunidad Valenciana "tiene un muy buen nivel de seguridad" y se mostró conforme con que "los políticos se preocupen de la seguridad ciudadana, pero ahora no existe un problema".

Devesa argumentó que el sector turístico es estratégico en la Comunidad Valenciana y, por tanto, la seguridad del turista también. En este sentido, el presidente de Hosbec reclamó más medios, como un mayor número de traductores en las comisarías, y cambios legislativos para endurecer las penas por la reiteración de faltas y hurtos.

En la sesión de ayer, también compareció el alcalde de Albaida, el popular Juan José Beneyto, que describió un paisaje desolador de su municipio y los otros ocho que dependen del cuartel de la Guardia Civil existente este municipio. La exageración -"hablo en representación de una población de 12.000 habitantes que vive momentos de terror"- y las críticas al presidente del Gobierno fueron de tal calibre -"el Ayuntamiento está supliendo las carencias del Gobierno central"- que el alcalde de Albaida no supo luego como tragárselas cuando el socialista Antoni Such le recordó que tan lejos como el 5 de febrero de 2004 el grupo popular municipal había votado en contra de pedir más efectivos al Gobierno de José María Aznar. Such quiso, además, acabar con un descabello al recordarle al alcalde popular que, pese a gobernar un municipio con una tasa de criminalidad 36 puntos por debajo de la media autonómica y tener más dotación policial, los delitos habían aumentado en cinco puntos respecto al anterior gobierno socialista.

El portavoz adjunto del PP, Antonio Clemente, y el diputado Mariano Castejón tuvieron que emplearse a fondo para evitar ayer que el descalabro fuese mayor en una comisión de la que se ha desentendido tanto el portavoz Serafín Castellano como la secretaria regional del PP, Adela Pedrosa.

El alcalde de Almoradí, el popular Antonio Ángel Hurtado, achacó la mayor parte de los delitos en su municipio a los inmigrantes, aunque fue más comedido al repartir las críticas tanto entre los Gobiernos del PP como entre los del PSOE.