8.500 viviendas 'sublevan' a Getxo

La polémica ha vuelto a Getxo. El municipio vasco donde más controversias ha habido en los últimos ocho años, desde que accedió a la alcaldía Iñaki Zarraoa (PNV), tiene otro conflicto sobre la mesa: el plan de urbanizar 250 hectáreas en el barrio de Andra Mari para construir 8.368 viviendas, la mayor operación urbanística en Vizcaya en los últimos años. El proyecto ha provocado una importante rebelión vecinal: cerca de 4.000 personas se manifestaron el pasado 25 de febrero en contra de la desaparición del "único pulmón verde" del municipio. Los vecinos, los partidos de la oposición e incluso el equipo de gobierno, aunque en privado, coinciden en que el plan se ha lanzado sin el debate necesario.

Las críticas vienen sobre todo por la falta de debate, que incluso es admitida en privado por el gobierno local

"En la manifestación había gente de cuatro generaciones diferentes y eso quiere decir algo", dice la asociación

El barrio de Andra Mari es la única zona que le queda a Getxo para su desarrollo urbanístico. Ubicado entre el paseo de La Galea y la playa de Aizkorri, poco tiene que ver con la configuración del resto del municipio. Un centenar de caseríos y viviendas unifamiliares, en el que residen cerca de 500 vecinos, se extienden de manera desordenada junto a amplios parajes salvajes. Son nada menos que 250 hectáreas, casi cuatro veces más que la península de Zorrozaurre, en la que Bilbao proyecta su gran actuación urbanística de futuro, con 5.300 viviendas.

La intención de cambiar el barrio de Andra Mari ya viene recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2001, cuando se declaró urbanizable la zona con el fin de construir 2.173 viviendas, la mayoría libres (sólo 605 serían protegidas) y de estructura unifamiliar o bifamiliar. "Eso es cerrar Andra Mari para chalés sin espacios públicos", sostiene el concejal de Planeamiento Urbanístico Iñaki Urkiza (Ezker Batua).

La tormenta empezó a desatarse el pasado año, cuando comenzaron a circular los primeros planos e informaciones para modificar el PGOU en Andra Mari. Y sobre todo, con la publicación del avance urbanístico en el Boletín Oficial de Vizcaya el pasado junio. La asociación de vecinos de Andra Mari, junto a otros colectivos y grupos ecologistas, comenzó a movilizarse: primero se recogieron firmas, luego se presentaron más de 4.000 alegaciones al avance y el pasado día 25 tuvo lugar la primera gran movilización por las calles de Getxo, que, bajo el lema Lurra barik, arnasarik ez (Sin tierra no se respira), mostró su rechazo al proyecto urbanístico. "Es abusivo, se derriban viviendas, hay especulación del suelo y desaparece el único pulmón verde de Getxo", resume Miren Bego Madariaga, presidenta de la asociación de vecinos de Andra Mari.

Las críticas al proyecto vienen, especialmente, de la falta de debate y la sospecha de que el Ayuntamiento ha actuado de forma oscurantista. "El periodo de alegaciones fue en agosto, aunque conseguimos ampliarlo hasta finales de septiembre. Andra Mari fue, además, el último de los tres grandes núcleos de Getxo al que se le informó. ¿Por qué, si somos los afectados?", pregunta la presidenta de la asociación.

Marisa Arrue, la concejal portavoz del PP, califica el proyecto como "una auténtica chapuza, que se ha hecho a toda velocidad. Incluso el estudio financiero está realizado en pesetas, en vez de euros".

Luis Almansa, el edil del PSE, coincide en que se ha planteado "de mala manera, sin un trabajo previo de consenso con los vecinos, los propietarios de los terrenos y los partidos". Iñaki Urkiza, el concejal de Ezker Batua encargado del área de Planeamiento Urbanístico, ha reconocido en privado el "error" de no haber propiciado un debate, aunque ya ha manifestado que se están recogiendo alegaciones de los vecinos, que se incorporarán al documento de aprobación inicial del proyecto, que definirá las líneas básicas de la actuación urbanística.

La polémica ha llevado a intervenir públicamente al Departamento de Vivienda, dirigido por EB. El viceconsejero Javier Deán defendió el pasado jueves el plan urbanístico porque combina la actividad económica -se contempla un parque empresarial- con la preservación de 150 hectáreas para "espacios libres". Deán garantizó la participación de los vecinos y cargó contra los opositores. "No vamos a ceder al chantaje de unos particulares y de dos partidos", dijo en referencia al PP y la ilegalizada Batasuna.

Miren Bego Madariaga no oculta su enfado por las acusaciones del viceconsejero, pero elude la polémica. "Lo que está claro es la afluencia a la manifestación. Había gente de cuatro generaciones diferentes, y eso algo quiere decir". Afirma que su asociación no está de acuerdo tampoco con el plan vigente de las 2.100 viviendas y que defiende la construcción de pisos, "pero ordenadamente y ajustada a las necesidades reales". "Hay que ver la demanda. En Etxebide, hasta hace unas semanas, había 2.600 solicitudes de vecinos de Getxo". La presidenta se muestra partidaria de "sentarse, que el plan se pare y se piense en el conjunto de la población".

El PP defiende acometer el desarrollo pendiente de otras zonas urbanas del municipio, donde "se prevén más de 700 viviendas protegidas, que con la adaptación a la Ley de Suelo serían casi 1.200", comenta Marisa Arrue. "Hasta entonces, dejemos Andra Mari como está. Es lo único que queda libre en Getxo y hay que mirar con lupa lo que se haga".

Almansa llama a huir de "la demagogia" en este debate, en el que, según su opinión, "no todos dicen lo que realmente piensan". El PP pretende, según dice dejar Andra Mari como está "para que sea para gente pudiente". El edil socialista es radicalmente contrario al plan vigente de chalés "con amplias zonas ajardinadas cerradas", que califica como "un derroche del suelo". Aboga por la construcción de más viviendas protegidas, con espacios importantes públicos, pero que se conjuguen los intereses de todas las partes. "Defendemos que, como mínimo, se construya el 65% de VPO".

El viceconsejero de Vivienda ha destacado que el proceso de elaboración del plan "no ha hecho más que comenzar" y que la filosofía es preservar las áreas naturales, para lo que se encargará un estudio conjunto de evaluación de impacto ambiental. Opina que la "carga importante" de vivienda protegida en el plan y su control público garantiza que "no haya especulación". Los próximos seis meses serán claves para comprobar si la presión vecinal hace cambiar de opinión al Gobierno y al Ayuntamiento.