Cuando los duros se venden a peseta

Tras los créditos rápidos, esos que se dan casi sin preguntar, llega la moda de la unificación de deudas. Miles de españoles optan por esta fórmula, que consiste en unir bajo el paraguas de un único préstamo todos los pagos pendientes. A cambio de reducir el tipo de interés, en torno al 5%, y, por tanto, la cuota mensual, el consumidor alarga varios años la vigencia del crédito y, sobre todo, acaba pagando mucho más. El Ministerio de Consumo ha mostrado su preocupación por un sector que puede estar formado por 8.000 intermediarios con condiciones muy diferentes y que no está sometido a ningún tipo de control. Si los tipos de interés siguen subiendo, miles de españoles pueden tener aún más problemas para llegar a fin de mes.

La subida de tipos ha provocado un auge de intermediarios, que pueden llegar a 8.000

El Ministerio de Consumo está preocupado por la falta de control del sector

Todos nos hemos hecho millonarios con nuestras casas. Es normal que aprovechemos su revalorización para comprar bienes de consumo porque la gente quiere tener mejores coches, viajar y disfrutar de tecnología cara", comenta Sergio Solís, consejero delegado de Capital Credit. Este intermediario financiero es uno de los grandes del sector de unificación de deudas, con 63 oficinas y quiere llegar al centenar este año.

Este negocio consiste en juntar lo que se paga por la casa, el coche y el crédito al consumo (muebles, tecnología...) en un nuevo préstamo sobre la vivienda habitual. El resultado es que, en lugar de pagar 1.300 euros al mes, por ejemplo, se pagan 700 euros. Pero tiene truco. Por un lado, se sustituyen los intereses de los préstamos al consumo (alrededor del 8%) por los hipotecarios (el 5%). Por otro, y esto es lo grave, se prolonga la vida del crédito: de 25 años pasa a 35 ó 40 años, lo que dispara el importe de la deuda total.

El problema de esta fórmula es que exige pagar la cancelación de los préstamos anteriores, volver a tasar la vivienda, hacerse cargo de los gastos de apertura del nuevo crédito y abonar comisiones al intermediario que oscilan entre el 4% y el 8%, dependiendo del importe del crédito. Y lo que se pone en juego ya no es la televisión de plasma o unos muebles, sino el piso familiar.Los intermediarios no conceden directamente el crédito, sino que buscan una sociedad financiera (en ocasiones filiales de bancos o cajas).

Este fenómeno atraviesa un momento de esplendor por el auge del consumismo y el agobio económico de algunas familias (inmigrantes incluidos), que han sufrido la subida de los tipos de interés. Después de los llamados créditos rápidos -"le damos 3.000 euros en 24 horas"-, ya habituales en la publicidad televisiva, los intermediarios están apareciendo como el segundo capítulo de esta historia de dinero fácil, pero en esta ocasión, con cifras mucho más altas.

Otro peligro de esta fórmula es, según Manuel Pardo, presidente de Adicae, (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) que "mucha gente que aplica este sistema y reduce su deuda, es propensa a gastar. Esto significa que no ahorrará nada y cuando suban los tipos de interés pueden volver a tener problemas y ya no habrá otra oportunidad". Esta asociación pide que, al igual que en Alemania y Francia, se promulgue la Ley del Sobreendeudamiento Familiar, "que era una propuesta del PSOE, aunque ahora está metida en un cajón". De esta forma, "se podrían aplicar medidas preventivas o alcanzar acuerdos judiciales con los deudores que eviten el embargo".

Existe un dato que corrobora esta teoría: según la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC), el 33% de los que piden un crédito rápido lo hacen para pagar deudas anteriores, lo que indica el grado de asfixia económica que viven.

La legislación establece que los intermediarios -al no captar dinero- están regulados por las autoridades de Consumo, estatales y autonómicas. Fuentes del Ministerio de Consumo han reconocido que "hay preocupación por este tema porque afecta mucho a los consumidores". Admiten haber recibido "quejas de las asociaciones de consumidores" y afirman que "el asunto se está estudiando en colaboración con el Ministerio de Economía, pero aun no hay ninguna decisión tomada".

Las peticiones de mayor control sobre esta actividad son un clamor. El Defensor del Pueblo, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno Vasco han solicitado que el Banco de España regule esta actividad. También la Asociación Española de Banca (AEB), la Asociación Hipotecaria y las principales firmas del sector piden mayor regulación. Todos quieren evitar un nuevo caso Afinsa y Forum, las sociedades de inversión filatélica en las que quedaron atrapados miles de pequeños ahorradores.

Mientras tanto, no existen registros ni controles. La mayor parte de los intermediarios trabaja en régimen de franquicias financieras, ya que además de unificar deudas también estudian embargos, operaciones de leasing, factoring y venden seguros. Según Tormo & Asociados, una de las grandes consultoras de franquicias, en España trabajaban 54 marcas que contaban con 5.710 agencias hasta 2006. Hace sólo un año eran menos de la mitad y en 2004 sólo existían nueve. Alguna de las más conocidas, como CreditServices, ya supera las 515 oficinas y quiere terminar este ejercicio con mil repartidas por toda España, ha declarado su presidente, Javier López Pérez. Esto supondría superar las redes de algunos bancos y cajas.

Según otras estimaciones, podría haber unos 8.000 intermediarios que podrían haber tramitado unos 100.000 préstamos, gran parte de ellos hipotecarios, lo que supondría el 8% del mercado. Según Adicae , las cifras son menores: 3.500 millones de euros con 20.000 operaciones en 2006.

Los eslóganes publicitarios de este negocio no pueden ser más atractivos. "¿Le falla su banco? No se preocupe. Nosotros cancelamos sus deudas, embargos, aunque esté en los registros de morosos". Otros son más directos: "Cambie los problemas por tranquilidad. Todos los bancos en una visita".

Con estos anzuelos no es extraño que las autoridades estén preocupadas. El primer motivo de inquietud es la total falta de regulación. Las principales asociaciones, como la Asociación de Asesores de Inversión y Financiación (AIF) y la Asociación de Profesionales Asesores Independientes Financieros, coinciden con los consumidores en pedir la regulación de los anuncios y de la actividad. Curiosamente, CreditServices se ha enfrentado con ambos grupos.

Para el consumidor no es fácil saber exactamente qué parte de la deuda son gastos de gestión y cuál amortización del préstamo. "Los bancos tenemos una serie de normas estrictas en transparencia cuando formalizamos un crédito, algo que no ocurre cuando se hace a través de esos canales", afirman en la AEB. Enrique García, de la Organización de Consumidores (OCU), coincide: "Estas instituciones están en un limbo legal. Es necesario clarificar su actividad, el origen del dinero que manejan y su solvencia".

Sergio Solís, de Capital Credit, reconoce que es necesaria la regulación y la limpieza del sector "para profesionalizarlo". Aun así, pide que se distinga entre entidades. "Muchos colegas, entre los que nos encontramos, decimos a algunos clientes que no les interesa la unificación de deudas", asegura. Para José Piera, vicepresidente de AIF es urgente la creación de "registros, formación, seguros de responsabilidad civil y cumplir las normas de calidad".

El asunto más espinoso es lo que se denomina "dinero puente", que también se anuncia. Esto es cuando el solicitante ya tiene su piso en proceso de embargo y pide dinero para recomprarlo y paralizar el proceso. En este caso, algunos intermediarios (como Geinsa o Hipotecas 100%) ofrecen "créditos concedidos por particulares". Es decir, usureros que cobran "el 40% o más de interés, aunque sólo sea para un mes", según Geinsa, y se quedan con las escrituras de la casa. Este es el lado más oscuro, aunque ellos aseguran cumplir la ley. Los consumidores dicen que es ilegal y que oculta dinero negro. Otro argumento más pararegular el sector.