El poder en el Alto Tribunal

La larga deliberación que lleva a cabo el Tribunal Constitucional para decidir si recusa o no a uno de sus miembros, Pablo Pérez Tremps, en los debates relativos al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña está despertando gran inquietud en el Gobierno y en el Partido Socialista. La ausencia de Pérez Tremps en esos debates rompería el empate entre las dos sensibilidades del tribunal, una cercana al PP y otra más próxima al Gobierno. El tribunal tiene planteado el tema desde hace varios meses y en las dos últimas semanas ha discutido el asunto en al menos cinco ocasiones (los días 24, 25, 29, 31 y 1, a veces hasta bien entrada la noche). Tiene previsto seguir mañana, lunes.

Lo que se dirime en el Tribunal Constitucional es una de las más importantes batallas de poder político que se llevan a cabo en la actualidad. Hasta el extremo de que en algunos medios próximos al PSOE se sugiere que, si fuera finalmente recusado, el magistrado podría plantearse dimitir para ser sustituido por otro jurista que restableciera el equilibrio de fuerzas antes de entrar en la discusión del contenido del Estatut (Pérez Tremps es uno de los dos miembros del tribunal que propone el Gobierno y tendría que ser sustituido por el mismo sistema).

En los 15 últimos días se ha debatido el asunto al menos en cinco ocasiones. Si se aleja a Pérez Tremps, se rompe el equilibrio a la hora de valorar el Estatut

Cualquier cosa sería mejor, aseguran en esos medios, que permitir una posición de partida que suponga una intervención masiva en el texto del Estatut. El problema, según algunos de estos análisis, no es que el tribunal decida modificar algún aspecto concreto del Estatut, sino que opte por multitud de pequeñas modificaciones que terminen por desfigurar la imagen de un texto que no sólo ha sido aprobado por el Parlamento español y por el catalán, sino que también ha sido respaldado en referéndum.

La discusión sobre la recusación de Pérez Tremps ha sido muy viva porque existen además defectos de forma en el recurso que presentó el PP, y que podrían llevar a su desestimación automática, sin entrar en el fondo del asunto. Al parecer, existe una notable diferencia entre la identidad de los recusantes (50 diputados del PP) y los firmantes del poder notarial que acredita esas firmas. Ésa es la postura de un sector progresista (sería además la segunda vez que se rechazara esa recusación por cuestiones formales). El propio interesado, sin embargo, quiere que se entre en el fondo de la cuestión y que se le libere completamente de cualquier sospecha.

El caso de Pérez Tremps es especialmente llamativo porque el PP pretende recusarle por un trabajo sobre posibles reformas estatutarias encargado por la Generalitat cuando la presidía Jordi Pujol (es decir, cuando ni tan siquiera se había planteado formalmente la reforma del Estatut) y porque el propio Tribunal Constitucional ya ha considerado ese artículo como puramente académico. Ahora, el segundo intento de recusación se basa en el hecho de que ese trabajo (parte de un libro) fue retribuido mediante un contrato mercantil.

Trabajos de investigación

El magistrado, que es un reconocido catedrático de Derecho Constitucional, ha considerado siempre inaceptable que se le intente recusar por un trabajo intelectual y académico previo a su designación como miembro del Alto Tribunal. De hecho, en muchos otros países europeos, acreditar la capacidad y excelencia intelectual y el trabajo de investigación jurídica es, precisamente, uno de los requisitos fundamentales para poder ser elegido miembro de un Tribunal Constitucional. En España, la ley habla simplemente de "juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional".

La decisión de la presidenta del Tribunal, Marina Emilia Casas Baamonde, de romper con su voto de calidad el empate que se había producido y permitir que la recusación de Pérez Tremps se tramitara, levanta ahora críticas en sectores socialistas. Recuerdan que, al mismo tiempo que Casas tomaba esa decisión, el tribunal rechazaba por unanimidad otras dos recusaciones: la de la propia presidenta (en relación con un dictamen elaborado por su marido, el catedrático Joaquín Leguina) y la del magistrado Roberto García-Calvo, promovida por la Generalitat por referirse en un voto particular anterior, en términos muy críticos, a las reformas estatutarias.

Para estos sectores, la recusación de Pérez Tremps no debió quedar "descolgada", sino que debió resolverse al mismo tiempo que las otras dos. García-Calvo está considerado como uno de los magistrados más ultraconservadores del tribunal y es bien conocido por sus duras posiciones centralistas.