El ex ministro Moscoso defiende a la clasificadora del 'Prestige' en EE UU
El ex ministro socialista Javier Moscoso del Prado está asesorando a la American Bureau of Shiping (ABS) en la demanda civil que el Gobierno español ha presentado en Estados Unidos contra la clasificadora del Prestige y en la que reclama a ABS 1.000 millones de euros por realizar una "inspección negligente" que permitió navegar al petrolero cargado con 77.000 toneladas de fuel frente a la costa gallega.
En el pleito abierto en Nueva York, que se encuentra en fase de intercambio de documentación, Moscoso ha realizado una prueba pericial de parte, encargada por ABS, que resultó determinante para que el tribunal estadounidense desestimase el recurso presentado por el Gobierno español y le obligara a entregar todo el sumario del juicio penal que por la misma causa se instruye en Corcubión. El dictamen jurídico firmado por Moscoso, en el que exhibe su currículum como ex fiscal general y ex abogado del Estado, concluye que la legislación española permite hacer públicas las pruebas de la instrucción antes de que se inicie el juicio. Esa tesis es la que ha valorado el tribunal americano en contra del criterio del juez de Corcubión.
La decisión de la magistrada en Nueva York supone que la clasificadora del petrolero podrá acceder a los cerca de 50.000 folios del sumario del Prestige, incluidas las pruebas periciales presentadas por Izquierda Unida, la Plataforma Nunca Mais y la defensa del capitán griego, Apostolos Mangouras, que cuestionan la gestión de la catástrofe realizada por el Gobierno que presidía José María Aznar. En las últimas semanas un representante de la clasificadora ABS se ha desplazado a Corcubión para comprobar que la documentación enviada por el Ejecutivo español a la clasificadora del petrolero se corresponde con el gigantesco sumario que se instruye en España.
Traducción del francés
Además de a Corcubión y a Nueva York, el caso Prestige llegó también a los tribunales franceses. Se trata de un procedimiento penal sin imputados en el que se personaron varios grupos ecologistas y las comunas de municipios afectados por la marea negra. Después de consultar a Eurojust, organismo judicial europeo, el juez galo ha decidido remitir el pleito al juzgado de Corcubión.
Los trámites para acumular la causa a la que se instruye en Galicia comenzarán en las próximas semanas con la traducción de la abundante documentación que las distintas partes personadas en Francia han aportado al juzgado de Brest.
Fuentes judiciales consultadas por este diario estiman que el coste de la traducción de los miles de folios que conforman la causa francesa al castellano superará 500.000 euros y deberá ser abonada por el tribunal francés. Cuando todo el papeleo, ya en castellano, llegue a Corcubión se añadirá al farragoso sumario que trata de señalar al culpable del mayor desastre ecológico de la historia de Galicia.
