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Mas avisa a Montilla de que excluir a CiU de la negociación frena un pacto sobre financiación

La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales se constituirá el 6 de febrero

Enric Company

La oferta de "mano tendida" a la oposición realizada por el presidente de la Generalitat, José Montilla, para el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía no halla de momento concreción satisfactoria para el primer grupo opositor, el de Convergència i Unió (CiU). Su líder, Artur Mas, advirtió ayer a Montilla de que la exclusión de CiU de las comisiones Estado-Generalitat en las que se ha de negociar la reforma de la financiación, impedirá la colaboración que Montilla dijo ofrecer y dejará a los nacionalistas sólo la vía del control parlamentario.

Montilla y Mas escenificaron ayer en el Parlament, en la sesión de control al Gobierno, su desencuentro sobre el desarrollo del Estatuto, un asunto al que ambos confieren la máxima importancia y en el que ambos afirman desear la colaboración entre Gobierno y oposición.

Mas pidió a Montilla que todas las fuerzas parlamentarias estén representadas en los órganos de decisión de asuntos tan importantes como la reforma de financiación. Si así es, afirmó, habrá habido la "mano tendida" de que habló Montilla en el debate de su investidura como presidente y podrá haber la colaboración que CiU desea. "Pero si nos dicen que no, es que no nos quieren, que no quieren colaboración", advirtió. En ese caso, concluyó, a CiU sólo le quedará la vía de ejercer el control desde el Parlament del proceso de desarrollo estatutario y de la reforma de la financiación.

Frente a la presión de CiU, Montilla explicó que en el Estatuto queda claro que "las comisiones bilaterales son de carácter intergubernamental" y cerró de esta manera la puerta a que en ellas puedan participar representantes de los grupos parlamentarios de la oposición. En este punto el presidente se permitió incluso una ironía: "Consultaré con el Estado para ver si tiene previsto invitar [en su parte de la comisión bilateral] a Coalición Canaria o al Partido Popular".

También el portavoz del grupo parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Joan Ridao, dedicó su intervención en la sesión de control a urgir al Gobierno el comienzo de las negociaciones para la reforma de la financiación. Montilla le respondió anunciando que el 6 de febrero se constituirá la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, que entre otras cosas ha de ocuparse de abordar las cuestiones relativas a la reforma de la financiación. También anunció que la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, que constituye el marco general de relaciones entre ambas administraciones, se constituirá en las semanas siguientes, lo mismo que la Comisión de Infrastructuras también prevista en el Estatuto.

En línea con la aplicación de las previsiones estatutarias, Montilla anunció en su respuesta al presidente del PP, Josep Piqué, que ha convocado para el 5 de marzo una reunión de la Junta de Seguridad, en la que se abordarán, en presencia del ministro del Interior, las cuestiones relacionadas con el despliegue de la policía autonómica. Montilla rechazó la petición de Piqué de paralizar el despliegue de los Mossos d'Esquadra.

Piqué había defendido que frenar el repliegue de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía contribuiría a reducir la sensación de inseguridad a su juicio existente en Cataluña. El líder del PP se vió obligado, sin embargo, a corregir a la diputada de su grupo, Montserrat Nebrera, que días atrás minimizó la capacidad de los Mossos d'Esquadra, calificándolos de "intelectualmente jóvenes". Contra esa opinión, Pique dijo que "sin duda tenemos un cuerpo policial, el de los Mossos d'Esquadra, francamente bueno",

En el turno del grupo Mixto, Montilla rechazó la acusación del diputado de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Albert Rivera, según la cual el Gobierno concede subvenciones a entidades nacionalistas catalanas en función de su ideología. Montilla dijo que las bases para tener derecho a subvenciones son públicas, y queda claro que se otorgan en función de la utilidad social de la actividad que se va a desarrollar.

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