Sólo CiU se inclina por recurrir la Ley de Dependencia en el Constitucional

El dictamen del Consejo Consultivo que ha cuestionado por inconstitucional el 70% de la Ley de Dependencia ha puesto en un brete a las formaciones del tripartito, que apoyaron la norma en las Cortes pese las reiteradas advertencias de los partidos, como CiU, sobre una posible invasión de competencias, tal como se ha confirmado ahora a tenor del contenido del documento del Consultivo.

Los máximos dirigentes del Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, entre ellos el propio presidente de la Generalitat, José Montilla, sortearon como pudieron todas las preguntas sobre si, finalmente, optarán por recurrir contra la ley ante el Tribunal Constitucional. Montilla, por ejemplo, se escudó en que su Ejecutivo debía estudiar con "detenimiento" el informe pero que, en todo caso, dijo que su preocupación eran las 200.000 personas dependientes que podrían verse afectadas por ese recurso. "No haremos nada que ponga en peligro a estos catalanes y que pueda perjudicarles", manifestó en una entrevista a la emisora RAC-1.

El consejero de la Vicepresidencia, el republicano Josep Lluís Carod, compartió el criterio del presidente de la Generalitat y admitió que su partido tiene "una especie de dilema". Es decir, si dar prioridad a los derechos sociales que establece la ley o a "un determinado ámbito de competencias". "No nos gusta que invadan competencias que son nuestras pero lo que hace falta pensar es si tal como queda finalmente el Estatuto en vigor disponemos de los instrumentos adecuados para que esto no suceda de forma continuada y permanente", agregó el consejero.

Renuncia y chantaje

La portavoz de ICV, Dolors Camats, tampoco desveló la opción que tomará su partido, pero, en principio, se inclinó por no recurrir la ley. "El derecho que instaura la ley de dependencia es demasiado importante para que podamos plantearnos de entrar parar la ley o presentar un recurso".

Frente a las dudas que alberga la izquierda, el Partido Popular y Convergència i Unió exhibieron su posición claramente. Josep Piqué se mostró contrario al recurso mientras el nacionalista Artur Mas emplazó al tripartito a acabar contra la "constante" invasión de competencias.

En opinión de Mas, el decreto de la tercera hora del castellano y la Ley de la Dependencia demuestran la "acomodación" del tripartito catalán a los intereses del PSOE y añadió que si el Gobierno opta por no presentar un recurso sería "una renuncia en toda regla". El portavoz de CiU en el Congreso en asuntos sociales, Carles Campuzano, también emplazó al tripartito a rechazar este "chantaje".

CiU sostiene que el plazo para recurrir la ley concluye el 15 de febrero, y el próximo pleno del Parlament está previsto para un día antes, por lo que la federación nacionalista quiere forzar una sesión extraordinaria para tener tiempo a presentar el recurso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 31 de enero de 2007.

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