Usuario descontento busca abogado

Que levante la mano, como repite un anuncio de refrescos, quien haya llevado a juicio a una empresa o establecimiento para reclamarle 150 euros. Los consumidores se encuentran indefensos ante los abusos de compañías, comercios y empresas, especialmente cuando se trata del reembolso de cantidades pequeñas. Siempre está abierta la posibilidad de acudir a los tribunales, pero los gastos que origina el procedimiento judicial disuaden a cualquiera de intentarlo si no se trata de grandes cantidades. ¿Para qué reclamar a una compañía aérea que anuncia que un billete cuesta un euro y luego cobra 40 al incluir tasas y otros conceptos, si el proceso legal multiplica por 10 esa cantidad? Y ello sin contar con el tiempo que se debe emplear en los numerosos trámites del proceso legal.

La asistencia tendrá especial importancia en reclamaciones a compañías aéreas, telefonía y comercios

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con todas las asociaciones de consumidores vascas, el primero de estas características que se cierra en España, para facilitar la cobertura jurídica gratuita a quienes acudan a los tribunales por un caso de vulneración de derechos como consumidores por una cuantía de hasta 900 euros. Las asociaciones se comprometen a realizar dicha defensa gratuitamente con sus abogados, especializados en la cuestión, y el Ejecutivo subvencionará esta asistencia legal con 150 euros cuando el importe a reclamar suponga hasta 450 euros, y 200 euros para los superiores a esa cantidad.

Con este acuerdo se quiere llegar conseguir dos cosas. La primera, aumentar el número de reclamaciones de escasa cuantía que se denuncian (en la actualidad, según Rubén Mendiola, director de Consumo del Gobierno vasco, sólo llega a juicio un porcentaje "mínimo, menos del 1%"). Y otra, que aumente el número de socios de las asociaciones de consumidores, ya que ése será un requisito indispensable para disfrutar de la defensa jurídica gratuita.

En Euskadi, la cuota que hay que pagar anualmente por ese concepto ronda los 50 euros y el usuario puede darse de baja cuando lo desee.

Además de que la cantidad reclamada no supere los 900 euros y de inscribirse en alguna asociación de consumidores, la asistencia gratuita se prestará si, en opinión de las asociaciones, la petición "es viable", según precisó ayer Mendiola en Bilbao. El consumidor ha de tener "un mínimo de razón" y las asociaciones deben concluir que "se puede ganar el juicio".

Para el representante del Gobierno, esta asistencia gratuita va a tener especial importancia en algunos campos, como "las reclamaciones con indemnizaciones a las compañías aéreas", por cancelación, sobrecontratación, retrasos y pérdida de equipaje, así como a las compañías telefónicas "por altas fraudulentas y bajas que no se tramitan" o en el caso de que un comercio no asuma la garantía de un producto.

Precisamente, el transporte, con casi un 19%; las telecomunicaciones y telefonía, con un 14,4%, y el turismo, con casi un 12%, fueron los sectores que en 2006 generaron la mayor parte de las reclamaciones recibidas por la Dirección de Consumo del Gobierno central. Un año antes eran las empresas de telefonía las que concentraban más quejas, pero las aerolíneas de bajo coste han hecho variar esta clasificación.

La vía habitual para arreglar el conflicto entre empresa y usuario es, primero, intentar un acuerdo amistoso. Si no se logra, la segunda opción pasa por acudir ante la Comisión Arbitral de Consumo, cuya decisión es de obligado cumplimiento, si la empresa está adherida a este sistema. Y, por último, aunque puede hacerse desde el primer momento, la vía judicial.

Mendiola comentó, a modo de ejemplo, que ni las grandes superficies ni las compañías aéreas pertenecen al sistema arbitral. "Son las que dicen que se vaya a los tribunales, sabiendo que el consumidor no lo hará al ser mayor el coste del proceso que lo que se reclama".

El acuerdo presentado ayer pretende "paliar esta situación y conseguir que el acceso a la justicia sea una opción realmente viable cuando existe un conflicto de consumo", independientemente de su cuantía.

En Euskadi se presentaron en 2006 unas 8.400 reclamaciones. La Dirección de Consumo se encuentra en estos momentos procesando los datos, por lo que Rubén Mendiola no pudo precisar qué porcentaje de ellas corresponden a un sector u otro, pero avanzó que las compañías aéreas y las empresas de telefonía siguen reuniendo la mayoría de las quejas.