Sociedad enferma

Profanar la tumba que guarda los restos de un concejal asesinado por ETA no es "pisar flores en el cementerio", como banalizaba ayer el diario al que suele enviar ETA sus comunicados. Es una ofensa deliberada a la memoria de una persona, Gregorio Ordóñez, a la que arrebataron la vida por defender sus ideas democráticas con el valor que falta a sus ofensores. Y si éstos son ocho adolescentes de entre 14 y 16 años, ese acto siniestro se convierte en síntoma de una sociedad enferma.

Así lo han entendido casi todos los partidos e instituciones del País Vasco, incluido el grupo del PNV en el ayuntamiento donostiarra, cuyo portavoz ha unido a su estupor por la catadura moral de los agresores un elogio del concejal asesinado que "trabajó de manera incesante en beneficio de la ciudad". Batasuna ha manifestado no entender una acción como ésa, porque "todos los muertos deben ser respetados", pero ha sido incapaz de obviar su hipócrita denuncia del "montaje político y mediático" organizado para "perseguir y castigar a la juventud vasca y a la izquierda abertzale".

Esos casi niños que participaron en la ofensa podrán convertirse en txapotes como el que asesinó a Ordóñez hace 12 años, o podrán comprender un día la miseria moral de su actuación y convertirse en ciudadanos respetuosos de la ley. Pero que ocurra lo segundo será más improbable si en lugar de un castigo proporcional a lo que han hecho se benefician de la impunidad que reclama para ellos Batasuna al decir que "los pronunciamientos y actitudes que alimentan la represión" contra esos jóvenes "son contrarias a la solución del conflicto". El peor favor que podría hacerse a esos menores (lo son ocho de los 11 detenidos) sería convencerles de que son unos héroes o unas víctimas castigadas por algo sin importancia: "Pisar flores en el cementerio".

El Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional ha pedido a la Ertzaintza las diligencias del caso con vistas a una eventual imputación por delitos de terrorismo. La competencia de ese Juzgado fue una de las reformas introducidas el año pasado en la Ley del Menor, que ya contemplaba penas específicas para las conductas habitualmente encuadradas en el capítulo de terrorismo callejero. Las reformas buscan una mayor proporcionalidad entre las penas y los delitos, pero sin desfigurar el contenido específico de un derecho penal juvenil diferenciado del de los adultos.

Un tratamiento penal para esos jóvenes es necesario, pero la enfermedad social que su actuación delata requiere también de medidas de otro tipo: en la familia, sobre todo, y también en la escuela y en los medios de comunicación: que deje de banalizarse la violencia como si fuera un derecho, y de considerarse que la ley puede cumplirse o no, según convenga.