El TSJ investiga el cobro de cuotas especiales en un PAI en La Nucia

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha admitido a trámite dos recursos contencioso-administrativos contra la aprobación del PAI de la Serreta, una iniciativa que ocupará 2,7 millones de metros cuadrados en plena huerta de La Nucia para levantar 3.884 viviendas y un campo de golf. El recurrente, la formación extramunicipal Iniciativa Independiente de La Nucia, ha impugnado dos aspectos del programa: primero su adjudicación al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad y, en segundo término, una cuota adicional de urbanización de 12 millones de euros que el promotor, el grupo Ballester, ha repercutido en los propietarios del suelo (un centenar de agricultores) para luego ceder el beneficio al Ayuntamiento.

Sendos recursos contencioso-administrativos fueron presentados a finales del pasado año por María José Campos Portillo, candidata a la alcaldía de la mencionada formación independiente en los comicios de 2003. El abogado de la recurrente, el letrado Juan José Servet, asegura que el primer recurso pide la anulación del plan parcial y la propuesta de homologación del sector por tramitarse al margen de la revisión del PGOU. "Entendemos que una iniciativa de esta envergadura por su dimensión, casi tres millones de metros cuadrados, e impacto sobre el medio ambiente debe tramitarse dentro del planeamiento global del municipio", asegura el abogado.

El segundo recurso va contra la decisión del agente urbanizador de repercutir en los dueños de los terrenos (un centenar de propietarios) una cuota de urbanización de 12 millones de euros con la que el promotor beneficiará al Ayuntamiento, además, de la carga legal del 10% que prevé la normativa de urbanismo. "Esta carga extra, incluida en la propuesta jurídico-económica del promotor bajo el epígrafe de participación de la colectividad en las plusvalías generadas por la actividad urbanística no está regida ni en la extinta LRAU ni en la LUV, por tanto, es ilegal", explica el letrado.

Expediente sancionador

El PAI de la Serreta fue autorizado definitivamente en mayo de 2006. La futura urbanización también afectará a una infraestructura hidráulica de valor histórico-artístico, como la Sèquia Mare, canalización del siglo XVII, de ocho kilómetros de recorrido que, a juicio de varios colectivos, debe protegerse. Además, El PAI, que promueve la mercantil Les Cases del Pinar, SL, del contratista Andrés Ballester, es objeto de un expediente sancionador incoado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por supuesta invasión de suelo de dominio hidráulico en el cauce del Barranc de Lopes y del Barranc del Racó de Lopes.

Los afectados por el PAI denuncian, además, que el programa no tiene garantizado el abastecimiento de agua a la futura población.