Xàbia suspende su planeamiento para preservar la costa del urbanismo salvaje

El municipio de Xàbia (Alicante) ha apostado por una iniciativa urbanística pionera en la costa mediterránea: la suspensión parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) mientras redacta un nuevo planeamiento que impida el urbanismo salvaje. La iniciativa partió del equipo de gobierno, un tripartito (Bloc-Centristas, PSPV-PSOE e independientes), tras desalojar de la alcaldía, mediante una moción de censura en noviembre de 2005, al PP. La medida afecta a 30 millones de metros cuadrados de suelo urbano y frena dos macrourbanizaciones con 3.500 casas.

Los populares se han sumado a la propuesta del alcalde y su equipo en Xàbia y el pasado viernes la Generalita Valenciana, que gobierna el PP, sancionó la paralización del PGOU vigente desde 1990. La medida afecta a unos 30 millones de metros cuadrados de suelo urbano y frena dos urbanizaciones que, en total, ocupaban unos tres millones de metros y preveían unas 3.500 nuevas viviendas.

El crecimiento urbano de Xàbia (30.000 habitantes) alcanzó un punto de inflexión en noviembre de 2005. En esa fecha, un acuerdo de la coalición formada por el Bloc Nacionalista Valencià y el grupo Centristas con el PSPV-PSOE puso fin a una década de gobierno local en manos del PP. Durante ese periodo, el parque inmobiliario destinado al turismo creció en miles de unidades. La impronta de modelo urbano del PP es claramente visible desde el mirador del cabo de San Antonio. Desde ese atalaya, si se echa una mirada al interior, la postal que se contempla es un enjambre de edificaciones que se extiende hacia el mar.

El nuevo equipo de gobierno, encabezado por el alcalde, Eduardo Monfort, del Bloc-Centristas, y el concejal de Urbanismo, Rafael Bas, del PSPV-PSOE, decidió cortar de raíz el "insostenible" urbanismo del PP e iniciar una revisión del PGOU bajo de los parámetros de un crecimiento inmobiliario turístico extensivo (chalés unifamiliares, entre 4 y 6 unidades por hectárea).

La iniciativa del nuevo gobierno local estaba amenazada por la legislación urbanística valenciana (la extinta Ley Reguladora de la Actividad Urbanística), a cuya sombra los grandes promotores tenían las manos libres para impulsar grandes urbanizaciones. Para cerrar esa posibilidad, y especialmente dos grandes programas de actuación integrada (PAI), el Ayuntamiento acordó la suspensión de licencias en todo el suelo urbano (unos 44 millones de metros cuadrados) hasta que se pergeñaba el nuevo planeamiento.

La prioridad del equipo de gobierno era frenar dos proyectos: el PAI del Saladar, un humedal que ocupa cerca de medio millón de metros cuadrados, donde la mercantil Urbanizadora Azul, SL pretendía levantar unas 1.500 viviendas, y Sector Gol, que ocupa 1,5 millones de metros cuadrados, donde el grupo Valdicas pretendía ampliar el campo de 9 a 18 hoyos y levantar 1.600 casas.

El periodo máximo de cancelación de las licencias se agotaba legalmente hoy y el equipo de gobierno no había redactado aún el nuevo PGOU. El regidor y el edil de urbanismo culpan de ese retraso a los continuos recursos a su medida presentados por las grandes promotoras. "Estos promotores, en connivencia con el PP, no hicieron más que poner trabas en el camino", asegura Bas. "No nos han dejado trabajar", añade el alcalde.

Ante esta tesitura, el tripartido se acogió a un artículo de la nueva legislación urbanística valenciana, que recoge la posibilidad de suspender el planeamiento mientras se redacta un nuevo PGOU. El equipo de gobierno llevó la iniciativa al pleno de la corporación el pasado 14 de diciembre. La decisión contó con el apoyo unánime de todos los grupos municipales, decisión ratificada por el pleno del Consell de la Generalitat el viernes.

El PGOU queda parcialmente suspendido por lo que afecta al suelo urbanizable programado y no programado, lo que representa 30 millones de metros cuadrados de suelo urbano. Eso son 14 millones de menos de lo incluido en la suspensión de licencias vigente a lo largo de este último año. El Ayuntamiento deja a salvo básicamente cuatro enclaves: Costa Nova, Portitxol, Santa Llúcia y la Ronda Nord Sobirana. Las pequeñas unidades de ejecución quedan exentas, y así garantizada la actividad de los pequeños contratistas locales.

Los cabezas del equipo de gobierno coinciden a la hora de justificar la iniciativa: "Hay que acabar con el crecimiento urbano desorbitado", afirma el alcalde. "Apostamos por un modelo urbano que favorezca el interés socioeconómico del municipio, es decir, que sea rentable para los vecinos y sin atentar contra el medio ambiente", apostilla Bas. Ambos resaltan que la medida no implica la paralización total de la construcción y anuncian que el veto se levantará en el verano de 2008, cuando el nuevo PGOU esté elaborado, y sin las injerencias de los grandes promotores.