La gestora de Marbella logra un ahorro de 13 millones de euros tras cerrar la deuda con el BBVA

La comisión gestora de Marbella ha puesto fin a un dolor de cabeza financiero que arrastra el Ayuntamiento desde 1990. La pasada semana el órgano marbellí ha concluido la negociación de la deuda acumulada con el BBVA, que ascendía a 64 millones de euros, y que tras tres meses de negociaciones ha sido rebajada a 51 millones. Debido a este impago, los tribunales decretaron el embargo preventivo de 351 bienes municipales, entre ellos dos tenencias de alcaldía y tres centros de salud.

El impago al BBVA supone el mayor bocado con una entidad privada de la abultada deuda municipal de 462 millones que soporta la gestora marbellí.

A partir de 2008, la gestora abonará al banco los 51 millones en los próximos 15 años a razón de 400.000 euros al mes. "Una cantidad digerible para la gestora", señaló el vocal de Hacienda, Carlos Rubio.

La deuda se generó a partir de un crédito solicitado en 1990 por el Ayuntamiento al Banco de Crédito Local, más tarde absorbido por el BBVA, y que ha generado unos intereses de demora de más de 37 millones. El fallecido alcalde Jesús Gil ignoró durante más de una década la deuda y sus sucesores Julián Muñoz y Marisol Yagüe hicieron lo propio.

En la demanda de pago del banco, los tribunales le dieron la razón y una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Marbella declaró el embargo preventivo sobre 351 bienes municipales, de los que 94 son de dominio público, es decir, inembargables. La lista de propiedades está plagada de sorpresas: Las tenencias de alcaldía de Las Chapas y San Pedro Alcántara, y la antigua sede de Planeamientos 2000, cuartel general del supuesto cerebro de la red de corrupción, Juan Antonio Roca.

Otro ejemplo es la finca de El Arquillo de más de 40.000 metros cuadrados en San Pedro Alcántara, que incluye un centro de salud, un colegio público y una guardería. Además, figuran otros dos centros de salud, los polideportivos de Fuente Nueva y Paco Cantos, un centro cultural y locales municipales.

El remate de esta peculiar lista negra está en el embargo a un yacimiento arqueológico, un cementerio, la calle Fray Agustín San Pascual, una glorieta, e incluso los ensanches de una avenida.

La razón de que figuren numerosos bienes de dominio público está motivada por la dejadez de la administración pública. "Los planes parciales de los terrenos debían haber sido segregados para hacer las anotaciones registrales pertinentes y declarar los bienes públicos, pero el Ayuntamiento prefirió evitar la tarea", aclaró el vocal de Sanidad, Fidel Fernández, que ha participado en las negociaciones con el BBVA junto a Rubio y el presidente de la gestora, Diego Martín Reyes.

El acuerdo no se cerrará hasta finales de febrero, ya que es necesario que sea aprobado por la Junta, porque para afrontar el pago de la deuda se utilizarán fondos del crédito de 100 millones que concedió el Gobierno.