Ante el gorila

La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, anunció que aquella noche, el 7 de diciembre de 2005, un gorila de 800 libras estaba sentado a la mesa que compartía con el jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, y los ministros de Asuntos Exteriores miembros a la vez de la Unión y de la OTAN. Tras este preámbulo que pretendía ser cómico siendo escalofriante, Rice desvelaba la identidad del gorila y reconocía lo que en aquel momento era ya una sospecha generalizada: Estados Unidos estaba realizando vuelos secretos para trasladar a prisioneros sospechosos de terrorismo hasta cárceles fuera del territorio norteamericano. La secretaria de Estado aseguró que la legalidad internacional estaba siendo respetada y que, una vez en sus lugares de destino, los detenidos no eran sometidos a tortura. Se trataba de afirmaciones a beneficio de inventario, como se ha ido conociendo desde entonces.

La transcripción parcial de aquel encuentro, publicada por EL PAÍS el pasado viernes, no deja en buen lugar a los representantes europeos cuyas intervenciones aparecen recogidas, salvo excepciones como los ministros belga y noruego. No sólo por lo que allí dejaron dicho, en ocasiones impropio de gobernantes democráticos, sino también por lo mucho que callaron después. Al menos una docena de las personas enviadas a las cárceles secretas subcontratadas por la CIA fueron apresadas en territorio europeo, no se sabe si con el consentimiento o no de los Gobiernos afectados. Si la respuesta fuese afirmativa, se estaría hablando de complicidad; en caso contrario, de violación de la soberanía. Ambos supuestos son inquietantes. Algunos detenidos eran, además, nacionales de países miembros de la Unión.

Lejos de preocuparse por su suerte, como era su inexcusable obligación, y de pedir el fin inmediato de estas acciones execrables, la mayor preocupación de los ministros, cuyas palabras constan en la transcripción, fue obtener de la secretaria de Estado argumentos para hacer frente a sus respectivas opiniones públicas y al control de sus propios parlamentos. Una parte de los ministros llegó a apoyar, incluso, y con diferentes grados de entusiasmo, una operación tras la que se encuentra una de las más flagrantes violaciones de las Convenciones de Ginebra realizada no en el fragor de un combate, sino con planificación política y frialdad burocrática.

El mayor entusiasta de la nueva y laxa interpretación del derecho internacional propiciada por la situación creada tras el 11-S fue el ministro de Chequia. Es de notar que el problema no afecta sólo a los secuestros y sobrevuelos, sino también a las propias instalaciones donde pueden haberse producido los interrogatorios. Uno de los países miembros, Polonia, está entre los sospechosos de ser destino de los vuelos y albergar centros clandestinos de tortura, al igual que un país entonces candidato al ingreso, y ahora ya miembro, como es Rumania.

Tal vez la razón de Estado obligara a que los ministros que participaron en aquel aquelarre transatlántico no denunciasen estas acciones patrocinadas por el gobierno de Washington; a lo que no les obligaba, en absoluto, era a escatimar su colaboración con las instituciones que, como el Parlamento Europeo y algunos tribunales de los países miembros, decidieron investigar estos episodios de auténtica guerra sucia internacional. Menos aún, a fingir ignorancia o a mentir. En un caso como éste, resulta sin duda muy delgada la línea que separa el comportamiento responsable del encubrimiento. Ahora que se ha sabido que sabían, los Gobiernos de la Unión Europea están obligados a esclarecer por todos los medios los casos que les pueden afectar, y sus parlamentos a exigirlo.

Aparte de una exigencia derivada del compromiso con la legalidad por el que se rige Europa, existe una razón política para que tomen la iniciativa. No se puede descartar que la nueva mayoría demócrata en el Congreso y el Senado norteamericanos decida investigar los atropellos cometidos por la Administración Bush en nombre de la guerra contra el terrorismo. La Unión quedaría seriamente en entredicho si los ciudadanos europeos conociesen hechos muy graves, y que les afectan, a través de una investigación conducida por Estados Unidos y no por sus propios Gobiernos.