Sanciones civiles

Seis días después de la insólita concentración en una plaza de Madrid de unos 3.000 guardias civiles, muchos de ellos con su uniforme, aunque sin armas, el director general decidió ayer suspender cautelarmente por 90 días y abrir expediente disciplinario por falta "muy grave" a dos directivos de la asociación convocante de la protesta, en la que se corearon gritos contra el presidente del Gobierno y en favor de la desmilitarización de ese cuerpo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que convocó la concentración en reclamación del cumplimiento de los compromisos electorales socialistas y anunció una "respuesta contundente" si se producían sanciones, tiene convocada para hoy una asamblea extraordinaria.

El programa del PSOE no decía nada de la eventual desmilitarización de la Guardia Civil, pero sí prometía suprimir la sanción de arresto y regular el derecho de asociación profesional. El asociacionismo existe de hecho en ese cuerpo desde hace años; la AUGC asegura contar con 25.000 afiliados (uno de cada tres agentes) y sus dirigentes negocian habitualmente con las autoridades de Interior. No se sabe quién trataba de adelantarse a quién, pero una semana antes de la concentración de Madrid el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley de Reforma del Regimen Disciplinario de la Guardia Civil que supondrá en la práctica que el Código Penal Militar dejará de aplicarse al instituto armado (excepto en misiones militares) y la eliminación del arresto por actos de indisciplina. El Gobierno anunció el mismo día la próxima aprobación de una ley que regulará el asociacionismo profesional. Pese a ello, la AUGC mantuvo su convocatoria alegando que la reforma era insuficiente y que desconfiaba de que la nueva norma pudiera aprobarse antes del fin de la legislatura.

Siempre puede considerarse demasiado corta cualquier reforma, pero no es lógico mantener la misma actitud ante un problema y ante las medidas destinadas a remediarlo. Sobre todo sabiendo que no es cualquier cosa una protesta de miles de miembros de un instituto armado, muchos de ellos vistiendo el uniforme del cuerpo, a fin, según los convocantes, de que la protesta tuviera "mayor impacto". Lo tuvo, sin duda, como testimonia su eco en la prensa internacional. Pero, al igual que en los actos de la llamada desobediencia civil, quienes los protagonizan deben asumir las consecuencias sancionadoras. Lo que no puede ser es que agentes de un cuerpo de seguridad vulneren gravemente su régimen disciplinario y no pase nada.

Los guardias civiles españoles tienen derecho a esperar que el Gobierno cumpla sus compromisos, incluyendo el de regular su asociacionismo para canalizar sus reivindicaciones sociolaborales (que son numerosas y en general razonables) en una negociación reglada. Pero pierden parte de sus razones si recurren a actuaciones tan espectaculares como inaceptables.