Demandas millonarias contra la Xunta por los daños

Los afectados por los incendios que agrupa la plataforma SOS contra o Lume preparan demandas millonarias contra la Xunta por daños y perjuicios y por responsabilidad patrimonial subsidiaria. Este colectivo, presidido por el alcalde de Barro, José Antonio Landín (PP), valora en 37 millones de euros las pérdidas provocadas en 14.500 de las casi 90.000 hectáreas que ardieron en agosto. De esta cifra, señala la agrupación, 15 millones corresponden a daños y perjuicios y el resto a gastos de recuperación en los montes arrasados por las llamas.

SOS contra o Lume anunció ayer que las primeras denuncias se presentarán en los juzgados de Vigo, Pontevedra, Caldas de Reis, Vilagarcía, Cambados, Tui y Ribeira. El colectivo critica las labores de recuperación de las zonas quemadas llevadas a cabo por la Consellería de Medio Rural. Andrés Novo Lombao, directivo de la asociación de afectados, sostiene que el director general de Montes, Alberte Blanco, "hizo la pantomima de la recuperación en 30 montes de amigos con actuaciones ridículas carentes de rigor técnico y científico, que acabaron en el mar cuando llegaron las primeras lluvias".

"Mentiras mediáticas"

Novo Lombao tilda de "ridículas" las ayudas a los damnificados por los incendios y acusa al responsable de Montes de "mentir mediáticamente" al sector forestal. El dirigente de SOS contra o Lume cree que Medio Rural fue "incapaz de impedir el mayor desastre ecológico de los últimos 20 años, que fue la bajada del chapapote forestal a las playas". "En vez de actuar preventivamente en los montes para que no volviera a ocurrir", subraya Novo Lombao, "llenó las calles de Oia, Cee o Combarro con máquinas de empresas públicas que tanto criticaban cuando estaban en la oposición", en referencia a las críticas del BNG a la empresa Tragsa, dependiente del Gobierno central.

SOS contra o Lume discrepa con las cifras oficiales dadas por la Xunta sobre la superficie quemada el año pasado. El colectivo sostiene que fueron 125.000 y no 93.887 las hectáreas que ardieron. La agrupación carga también contra el contenido de la ley de lucha contra los incendios, una norma que considera "coercitiva" y que a su juicio "traslada otra vez la responsabilidad a terceros".

"Para la ley, los criminales son los propietarios, y la labor de la policía tiene que hacerla los ayuntamientos", afirma Andrés Novo, que aboga por la repoblación con eucaliptos para apostar por un "monte productivo". En su opinión, el bipartito "desprecia" al sector forestal.