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Berriz pagó 984.000 euros por obras a una empresa del arquitecto municipal

El Tribunal de Cuentas ve incompatibles los contratos con su labor de asesoramiento

El Tribunal Vasco de Cuentas ha comprobado que el Ayuntamiento de Berriz adjudicó entre 2002 y 2004 servicios urbanísticos por 984.000 euros a la empresa de un asesor municipal que trabajaba como arquitecto del consistorio. El órgano fiscalizador ve "incompatibilidad funcional" entre las labores de asesoramiento y la adjudicación de los contratos. Reprocha además el encargo de estudios por 156.000 euros al aparejador municipal.

El informe se ha centrado en la sociedad municipal Susa, creada en 1998 para la gestión urbanística, y destaca las irregularidades en la adjudicación de las asistencias técnicas, como los estudios, proyectos y direcciones de obras. Señala que en todos los casos (11 expedientes) ha habido adjudicaciones a dedo, lo que ha supuesto el pago de 1,3 millones, "incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia".

El órgano fiscalizador precisa que casi todas estas adjudicaciones directas, por un importe total de 984.000 euros, han recaído en una sociedad uno de cuyos dueños es el arquitecto municipal, que trabaja para el consistorio en régimen de arrendamiento de servicios. El arquitecto, una de cuyas labores es el asesoramiento en las lictiaciones de contratos, forma parte además de la mesa de contratación. Por ello, el tribunal afirma que hay una "incompatibilidad funcional" entre el asesoramiento al Ayuntamiento y las adjudicaciones de las que se ha beneficiado su empresa.

El Tribunal de Cuentas ve irregularidades en el contrato del arquitecto, aprobado en 1988, que desde entonces se ha ido prorrogando anualmente con retribuciones en torno a los 36.000 euros anuales. Afirma que esa "duración acumulada" del contrato "no tiene encaje" en lo establecido por la normativa de las administraciones locales, "por lo que se ha realizado incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia". La alcaldesa, Rosa Maria Ostogain, del PNV, rescindió el contrato en diciembre pasado.

El informe señala además que el aparejador, quien sí es funcionario, ha recibido contratos de estudios por un importe de 156.000 euros, lo que supone incurrir en incompatiblidades.

El Ayuntamiento de Berriz replica en sus alegaciones que las adjudicaciones a dedo son "ajustadas a la normativa", pero sin justificar esta afirmación. Sobre la contratación de trabajos al arquitecto y al aparajeador, lo fundamenta en la "rapidez" y "el control directo" sobre su labor, pero señala que se va a realizar una nueva contratación del arquitecto municipal. Sin embargo, incluye un acuerdo municipal, de noviembre de 2006, en el que se dice que los encargos a ambos fueron "actuaciones debidas y ajustadas a la legalidad".

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