El Supremo pide información al Parlamento vasco sobre subvenciones al grupo Sozialista Abertzaleak

La Sala Especial del Tribunal Supremo encargada de enjuiciar los procesos de ilegalización de partidos políticos, conocida como sala del 61, solicitó ayer al Parlamento vasco nueva documentación sobre las subvenciones otorgadas (pero no pagadas) por esa Cámara al grupo Sozialista Abertzaleak, la marca parlamentaria de Batasuna, desde la ilegalización de esta formación, en mayo de 2003, hasta las elecciones vascas de abril de 2005 cuando sus miembros perdieron sus escaños

Al grupo parlamentario de la izquierda abertzale le hubieran correspondido en ese periodo 692.094 euros para su funcionamiento interno que el Parlamento vasco bloqueó por orden del Supremo tras la ilegalización de Batasuna. La sala del 61 volvió a ordenar a la Cámara por medio de una providencia enviada en mayo de 2006 a su presidenta, Izaskun Bilbao, que ingresase esa cantidad en una cuenta del Banco de España.

El Parlamento vasco, tras encargar dos informes a sus servicios jurídicos, concluyó que no podía cumplir esta última orden porque la partida estaba liquidada. Al no hacerla efectiva a Sozialista Abertzaleak, esa cantidad fue gastada y liquidada de hecho como la Cámara estimó más conveniente, según ambos informes.

Respecto a la liquidación patrimonial de las herriko taberna, la sala del 61 otorgó un plazo de 10 días para que comparezcan los titulares de todos los establecimientos de este tipo que no lo hubieran hecho ya. Para los que sí lo han hecho acordó un plazo de 15 días (en lugar de los cinco que otorga la ley) para presentar alegaciones con el fin de evitar que se embarguen sus bienes, es decir, para que demuestren fehacientemente que carecen de vinculación con Batasuna. Los peritos que asesoraron a la sala propusieron extender la liquidación de la formación ilegalizada a estos locales, gestionados de forma común por una sociedad llamada Banaka, SA.

La Sala Especial del Tribunal Supremo está presidida por el presidente del alto tribunal, Francisco Hernando, y compuesta por otros 15 magistrados, entre ellos los presidentes de cada una de sus cinco Salas (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar) y los miembros más antiguos y más modernos de cada una.