La gestora multará a un empresario del 'caso Malaya' que ejecutó obras sin licencia

La comisión gestora de Marbella abrió ayer un expediente urbanístico sancionador al empresario Tomás Olivo, imputado en la operación Malaya y en libertad bajo fianza de 500.000 euros, por ejecutar obras sin licencia en el paraje Cañadas de Trinidad. En paralelo, la gestora ha iniciado un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística debido a la alteración de unos terrenos que ocupan 260.000 metros cuadrados. "La sanción prevista será muy alta porque la superficie alterada es tremenda y excepcional", aclaró ayer el vocal de Urbanismo, Rafael Duarte.

Los técnicos de Urbanismo aún no han evaluado el importe de la sanción que afrontará la empresa Europea de Complejos Comerciales SA, propiedad de Olivo, debido a la gran dimensión de los terrenos (26 hectáreas). El topógrafo del servicio técnico puso de relieve esta dificultad y pidió a la gestora en un informe un "vuelo fotogramétrico" para comparar la zona con la cartografía municipal.

La sanción prevista para el empresario murciano, que amasó una fortuna durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL), supondrá una elevada suma, entre el 100% y el 150% del importe de las obras. Los obreros han llevado a cabo "un movimiento de tierras, la construcción de muros de escolleras y obras de urbanización", según los técnicos municipales, en un suelo urbanizable no programado, sin licencia y sin que se tramitara ninguna figura de planeamiento para su desarrollo, tal y como establece la ley. Olivo, que adquirió los terrenos al empresario Judah Bistock por 10 millones de euros, dispone de dos semanas para presentar alegaciones.

La Junta impugnó las nueve licencias de obras otorgadas por el Consistorio a Olivo, pues entiende que son nulas de pleno derecho, pero un juez rechazó el recurso por haber sido "interpuesto fuera del plazo legal". La Junta ha apelado la sentencia.

La ex alcaldesa Marisol Yagüe ya dictó un decreto de paralización de las obras a requerimiento de la Consejería de Obras Públicas tras constatar que las licencias eran ilegales. Sin embargo, el decreto no tuvo ningún efecto porque el Ayuntamiento no llegó a notificarlo a la promotora de Olivo hasta el pasado mes de julio, una vez que la gestora se puso al frente del Consistorio.

La gestora abrió también un expediente de restauración de la legalidad urbanística vigente para lograr "la reposición de la realidad física alterada". Es decir, el segundo expediente abierto persigue que los terrenos recuperen su forma original. En caso contrario, Olivo podría hacer frente a "sucesivas multas coercitivas".

Olivo recordó ayer que el ex alcalde Julián Muñoz, en prisión por la operación Malaya, le otorgó las licencias y que un juzgado ha rechazado el recurso de la Junta. "Disponemos de nueve licencias otorgadas por el Ayuntamiento en diciembre de 2002", afirmó.

El vocal de Urbanismo recordó que este paraje era una tarea pendiente para restaurar la legalidad urbanística en Marbella, antaño ignorada por sistema: "Con estas dos sanciones, la económica y para restablecer la legalidad urbanística, esperamos recuperar el estado primitivo del lugar, que era monte".