Vivenda impondrá a los Ayuntamientos la construcción de pisos protegidos

La Xunta pretende frenar la escalada del precio de los pisos expropiando y comprando terrenos para construir viviendas protegidas. Teresa Táboas anunció ayer que su departamento "llevará a cabo una intervención directa para abaratar y agilizar el proceso de adquisición de suelo". Lo hará a través de una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio que permitirá a la Xunta imponer a los ayuntamientos cómo y donde deben ubicar los polígonos de pisos de protección oficial. El Gobierno gallego estima que las primeras intervenciones se realizarán en las ciudades de la franja atlántica.

"Es hora de que la vivienda se convierta en un derecho universal como la sanidad"

El registro único de demandantes de vivienda protegida que la Xunta abrirá a principios de febrero servirá a la Consellería para determinar cuáles son los ayuntamientos que tienen una mayor demanda de pisos protegidos y también el tipo de casa que los gallegos reclaman. Esas listas guiarán a los técnicos de Vivenda para fijar sobre los mapas municipales la ubicación de los polígonos de pisos protegidos. Será la primera vez que el Gobierno gallego se reserve la capacidad para imponer a los alcaldes cómo y dónde se construirán en el futuro las edificaciónes de promoción pública.

El instrumento que permitirá a la Administración autónoma intervenir directamente sobre el mercado del suelo está incluido en el anteproyecto de ley de medidas urgentes para proteger el litoral aprobado que entrará en vigor a mediados de año. Uno de sus artículos propone la modificación de la Lei de Ordenación do Territorio para que los planes sectoriales que ya permiten a la Xunta decidir la situación de los parques empresariales o de las infraestructuras amparen también urbanizaciones de pisos protegidos con sus correspondientes servicios, espacios públicos y zonas verdes.

La conselleira, Teresa Táboas, explicó que "se trata de una medida de gran calado", que convertirá Galicia en una de las primeras comunidades que utiliza esta herramienta urbanística para incidir en aquellos suelos del país donde más vivienda protegida se demanda. El objetivo, dijo Táboas, "es tener un mecanismo eficaz para poner en el mercado suelo residencial para vivienda protegida, sin necesidad de estar a expensas de los planes generales de los ayuntamientos que tardan años en ser elaborados, tramitados y aprobados". Ésa es la disfunción que pretende corregir el Ejecutivo autonómo incluyendo el término supramunicipal que le otorga capacidad plena para imponer su criterio sobre el de las autoridades locales.

Cuando esté en vigor, la medida permitirá a la Xunta "expropiar y construir" viviendas protegidas incluso en aquellos municipios que carezcan de planeamiento urbanístico. Ésa es la razón fundalmental que ha llevado a Vivenda a proponer la modificación de la ley. El departamento de Teresa Táboas intenta compensar las carencia de pisos protegidos en los ayuntamientos que llevan años redactando sus planes generales de ordenación municipal y permitirá también corregir la distribución del suelo en aquellos pueblos que, aun contando con el PXOM, no hayan garantizado la demanda de vivienda a precio tasado.

La decisión parte de la idea de que la actual legislación urbanística anula la capacidad de actuación de la Administración autónoma y tampoco obliga a los gestores del urbanismo municipal a reservar el 20% del suelo en las nuevas urbanizaciones para vivienda protegida, tal y como exige la Lei do Solo.

Pese al poder que le atribuye la modificación de la ley, Táboas aclaró que "no se trata de prescindir del planeamiento de suelo de los concellos sino de completarlo". De hecho, la conselleira anunció que colaborará con la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para elaborar el futuro Plan Sectorial de Vivienda, que diseñará las actuaciones en materia de suelo residencial en toda la comunidad. La decisión irá acompañada de otras medidas para conseguir que el bum urbanístico desatado en Galicia en el último lustro ponga en el mercado hogares asequibles a todos los bolsillos. La Xunta establece que sólo podrán optar a una de estas viviendas aquellas unidades familiares que acrediten ingresos por debajo de 3.114 euros mensuales, aunque sólo otorgará subvenciones a los aspirantes que no alcancen los 1.677 euros al mes.

Táboas también anunció otras modificaciones de la Lei do Solo, pactadas por Vivenda y Política Territorial para duplicar el porcentaje de suelo destinado a la vivienda protegida del 20% al 40%. Los dos departamentos de la Xunta han acordado además fórmulas que garantizan que esa reserva de terrenos pasen de las declaraciones de intenciones a los hechos.

"Se trata de convertir la vivienda en un derecho universal, como lo son ya la sanidad o la educación, algo que ya sucede en los países nórdicos, y que aquí no pasaba porque depende de una decisión política que aquí no se había adoptado", concluyó la conselleira.

Los últimos datos de la sociedad de tasación señalaron a Galicia como la segunda comunidad donde más se incrementó el precio de la vivienda nueva en 2006. Durante el año pasado, el mercado inmobiliario se encareció en esta comunidad un 10,7%, un punto más que en la media del Estado. Por ciudades, Vigo con un aumento del 17% fue donde más aumentó el valor del metro cuadrado. Y eso a pesar de que, según el Instituto Galego de Estadística, en 2006 se incrementó el número de viviendas nuevas un 24%.

Ésa es la tendencia que trata de invertir la Xunta de Galicia con las decisiones anunciadas ayer, que entrarán en vigor en el segundo semestre de año. El anteproyecto aprobado por el Consello de la Xunta está siendo sometido al informe del Consello Consultivo. Las previsiones del Gobierno gallego apuntan a que el texto podría llegar al Parlamento en febrero para que pueda ser aprobado antes del verano. Por esas fechas, la Consellería de Vivenda espera tener ya una primera estimación sobre el número de viviendas que Galicia necesita para satisfacer las necesidades de los demandantes de pisos protegidos. No serán pocas. Al último sorteo celebrado en A Coruña se presentarón 11.354 aspirantes para optar a 70 viviendas.