El decreto de convivencia escolar refuerza a los docentes e incluye a educadores sociales

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer un decreto para la mejora de la convivencia escolar y la prevención de la violencia que, entre otras medidas, crea la figura del delegado de padres (con funciones de mediación), incorpora a educadores sociales y abre la posibilidad de habilitar aulas de convivencia para los alumnos sancionados. También se agilizan las pautas correctoras y la expulsión de los estudiantes conflictivos. Según la consejera de Educación, Cándida Martínez, la norma apoya al profesorado tanto en formación como en asistencia jurídica.

El decreto para mejorar la convivencia en los centros educativos y promover la cultura de la paz se ha realizado a partir de un informe elaborado por el Consejo Escolar, junto con una amplia encuesta entre la comunidad educativa. Con él, según explicó la consejera, Cándida Martínez, se pretende establecer normas para regular la convivencia -y para restablecerla cuando se ha roto- mediante un código de reglas, un sistema de vigilancia para la detección de los casos y unas pautas de corrección. "La convivencia hay que cuidarla porque no sólo es un fin de la educación, sino que es un medio para la mejor educación", dijo Martínez.

Con un presupuesto global de 10,2 millones de euros para los ejercicios 2007 y 2008, se destinarán 2,2 millones a la incorporación de 202 orientadores y 34 educadores sociales.

Según establece la nueva norma, todos los centros deberán hacer un plan de convivencia, que incluya el diagnóstico de la situación y los objetivos, y en todos existirá una comisión específica para estos temas. En los centros que lo crean oportuno, se podrá crear un aula de convivencia para el tratamiento individualizado de los alumnos que hayan sido sancionados, en lugar de optar por su salida del centro.

Una de las principales novedades es la creación de la figura del delegado de padres (con funciones de mediación) para cada grupo de la enseñanza obligatoria. También se potenciarán las tutorías y la orientación, y los centros con especiales problemas tendrán un tratamiento específico: un menor número de alumnos por aulas y la incorporación de educadores sociales, cuya labor será la intermediación entre los profesores y las familias. Habrá especial atención a la protección de los centros y asistencia jurídica y psicológica a los profesores que hayan sufrido agresiones.

Se prevén medidas correctivas, que contemplan el apercibimiento oral, el cambio de grupo, la suspensión de asistencia a clase durante determinados periodos y el cambio de centro. Según los casos, serán los profesores o los directores quienes adopten las pautas disciplinarias. Cándida Martínez explicó que este procedimiento "agilizará" las sanciones, ya que hasta ahora los centros debían convocar la comisión de convivencia para tomar una decisión y ahora serán los propios docentes y el equipo directivo quienes resuelvan directamente. La consejera matizó que, aunque se refuerza a los profesores, esto no significa que no deban escuchar a padres y alumnos.

Los centros contarán con protocolos de actuación para detectar las situaciones de riesgo e intervenir rápidamente, aunque habrá que esperar al desarrollo de órdenes posteriores.

La norma dedica un apartado específico para la formación de los miembros de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias) en los ámbitos de la educación para la cultura de paz y mediación y resolución pacífica de conflictos. Otra de las medidas es el denominado compromiso de convivencia, que deberán suscribirse entre el centro y las familias de los alumnos con problemas de conducta, con el objetivo de asegurar la colaboración de los padres en la aplicación de las medidas correctoras que se propongan. También se creará un Observatorio para la Convivencia Escolar como órgano consultivo de la consejería.