Falta de transparencia

El cómputo de listas de espera quirúrgicas desglosado por comunidades es uno de los secretos mejor guardados por los poderes central y regional. La información que publica hoy este diario, basada en datos solicitados a las autoridades competentes de las 16 comunidades autónomas además de Ceuta y Melilla, confirman la enorme disparidad en demoras que existe entre unas y otras. Todo ello explica el motivo por el cual se sigue manteniendo el total hermetismo en la difusión de cifras pormenorizadas, pero eso no justifica para nada que persista la falta de transparencia.

A la postre, a un enfermo le puede beneficiar ser intervenido en un lugar distinto de su origen si sabe que puede ahorrarse, por ejemplo, hasta tres meses en el caso de una operación de cataratas, según le sea practicada en un hospital público de Castilla-La Mancha o en Cataluña. Hurtarle esta clase de información es violar la norma sacrosanta de que las administraciones públicas deben actuar con el ciudadano de conformidad con los principios de transparencia y de participación. Sin embargo, los poderes públicos y los partidos políticos que los gestionan hacen caso omiso de ello conscientes del perjuicio que supone para sus intereses estar mejor o peor colocados en la clasificación.

Los datos de la encuesta realizada por EL PAÍS sobre las 11 operaciones más frecuentes indican que el tiempo de media de espera es de 93 días; el Ministerio de Sanidad lo fija en 91. Cuatro comunidades rebasan ese nivel: Cataluña, Canarias, Galicia y Cantabria. En el caso catalán, la media llega a 138 días. De todos modos, este mapa quirúrgico debería ser analizado con la debida cautela dado que, como atinadamente observan expertos sanitarios, no hay demasiada claridad en los cálculos que suministran las comunidades, existe a veces más de un método de cómputo y todo se ve rodeado de una politización insoportable.

El ejemplo más evidente es la Comunidad de Madrid, que asegura haber reducido la espera máxima en la sanidad pública a 30 días. Su presidenta, Esperanza Aguirre, hizo de ello un compromiso cuando llegó al poder en 2003 al afirmar que dimitiría si no lo lograba. El Gobierno regional insiste en que lo ha conseguido. Eso sí, utilizando un singular método que difiere de las normas estatales vigentes, según las cuales el plazo de espera empieza a contarse desde el momento en que el médico comunica al paciente que debe ser operado, y no a partir de que le haya atendido el anestesista. Si se siguiera esa pauta, la demora media en esa comunidad sería de 42 días y no de esos 30 que prometió Aguirre.